Corte Suprema de Guatemala anula órdenes de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dejó sin efecto las órdenes de captura que habían sido emitidas contra el embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, y la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, quienes fueron señalados por la fiscalía guatemalteca por presuntos delitos relacionados con su paso por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La decisión judicial, conocida en las últimas horas y divulgada por la prensa local del país centroamericano, revoca las medidas adoptadas a mediados del año 2025 por una sala de apelaciones que había ordenado su detención bajo acusaciones de obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. Según esa resolución, ambos habrían favorecido a empresarios vinculados al caso Odebrecht, investigados en su momento por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Sin embargo, la Cámara de Amparo del alto tribunal concluyó que la sala que dictó esas órdenes “se extralimitó en el ejercicio de sus facultades (...) al emitir ilegalmente órdenes de captura” y actuó por fuera del marco legal al disponer las capturas. El fallo también recordó que, durante su labor en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Velásquez y Camargo contaban con inmunidad por representar a un organismo respaldado por la Organización de las Naciones Unidas.

Ambos funcionarios integraron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala entre 2007 y 2019, un mecanismo internacional creado para investigar estructuras de corrupción dentro del Estado guatemalteco. Las investigaciones adelantadas por esta comisión derivaron en procesos judiciales y condenas contra altos funcionarios y actores políticos del país.

Diversos organismos internacionales habían interpretado las órdenes de captura como posibles represalias por el trabajo adelantado durante esos años. Tras conocerse la decisión judicial, Velásquez se pronunció en redes sociales y señaló que el contexto institucional en Guatemala podría estar cambiando, en referencia a la cercanía del fin del periodo de la fiscal general Consuelo Porras.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de prácticas antidemocráticas, dejaría el cargo el próximo 16 de mayo, salvo que sea reelegida por el presidente Bernardo Arévalo, con quien mantiene una relación política tensa desde su intento de impedir su investidura hace dos años.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue cancelada en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales, cerrando uno de los principales esfuerzos internacionales contra la corrupción en ese país.