Corte Suprema avala extradición de un odontólogo colombiano que traficaba drogas hacia Estados Unidos

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición de Jaime Arturo Solarte hacia los Estados Unidos, un ciudadano colombiano señalado de integrar redes de narcotráfico internacional.

El caso ha llamado la atención de las autoridades debido a que el sujeto utilizaba su profesión como odontólogo para pasar desapercibido en la sociedad y evadir a la Fuerza Pública.

El implicado es requerido por una corte del Distrito Este de Texas bajo cargos de concierto para fabricar y distribuir cocaína con el objetivo de ser importada ilegalmente a territorio estadounidense.

De acuerdo con la decisión de la Sala de Casación Penal, el hombre deberá responder por una condena de 37 meses de prisión impuesta por un tribunal del Distrito de Utah, luego de que se declarara culpable por su participación en operaciones de lavado de dinero provenientes del tráfico de drogas.

El fallo judicial en su contra fue emitido el 25 de octubre de 2007. Sin embargo, Solarte no se presentó a cumplir la pena, lo que llevó a que en diciembre de ese mismo año se emitiera una orden de captura internacional.

La solicitud formal de extradición se concretó en 2025 y su captura se produjo en enero de ese año en Pasto, Nariño, tras permanecer prófugo durante varios años.

Según las investigaciones, el hombre habría utilizado su actividad como odontólogo en territorio estadounidense para encubrir operaciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes.

Las autoridades señalan que esta fachada le permitió mantener un perfil bajo mientras participaba en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico internacional.

Durante el análisis del caso, la Corte Suprema de Justicia verificó el cumplimiento de los requisitos legales para la extradición, como la validez de la documentación enviada por Estados Unidos, la plena identificación del solicitado y el principio de doble incriminación, es decir, que los hechos también constituyen delito en Colombia.

Además, el alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que cuestionaban el tiempo transcurrido desde la condena y solicitaban que la pena se cumpliera en Colombia, al considerar que estos aspectos no hacen parte del estudio dentro del trámite de extradición.

Con este concepto favorable, la decisión definitiva sobre la extradición queda ahora en manos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que deberá determinar si autoriza el traslado del ciudadano colombiano a territorio estadounidense.

La defensa del procesado intentó interponer recursos alegando la vulneración de derechos procesales, pero la Corte determinó que se cumplían todos los requisitos del tratado de extradición, incluyendo la plena identidad del capturado y la equivalencia de los delitos entre ambas naciones.