Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto, pero puso límites al Gobierno

La declaratoria de emergencia económica que expidió el Gobierno nacional tras el terremoto del pasado 10 de agosto recibió el aval de la Corte Constitucional. Sin embargo, el alto tribunal estableció varias condiciones para delimitar el uso de las facultades excepcionales y garantizar que los recursos se destinen exclusivamente a atender las consecuencias de la tragedia.

La decisión fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, y quedó consignada en la sentencia C-366 de 2026. En ella, los magistrados determinaron que la emergencia debe concentrarse en las zonas que realmente sufrieron los efectos del terremoto y sus réplicas.

Uno de los principales condicionamientos tiene que ver con el alcance territorial de la medida. De acuerdo con la sentencia, los recursos y las acciones derivadas de la emergencia podrán dirigirse a los municipios que aparecen en los informes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como afectados por el terremoto.

Para intervenir en otros departamentos, el Ejecutivo tendrá que acreditar, mediante información técnica y verificable, que también sufrieron consecuencias concretas relacionadas con el fenómeno natural que motivó la declaratoria.

La Corte también estableció que las facultades extraordinarias no podrán utilizarse para solucionar dificultades que existían antes del 10 de agosto de 2026, fecha en la que ocurrió el terremoto. Las intervenciones deberán responder directamente a los daños ocasionados por la emergencia.

En ese sentido, el Gobierno tendrá que justificar que los mecanismos del Estado no son suficientes para atender determinadas necesidades y que las decisiones adoptadas están vinculadas con la recuperación de las zonas afectadas. Esto incluye acciones para restablecer las condiciones de vida de las comunidades, recuperar infraestructura, garantizar servicios y reactivar las actividades económicas y sociales.

Otro de los aspectos señalados por la Corte tiene que ver con la atención a las poblaciones damnificadas. El tribunal indicó que las medidas deben reconocer las condiciones particulares de cada comunidad y tener en cuenta las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que requieren protección constitucional reforzada.

Para ello, las autoridades deberán contar con información detallada que permita identificar a las personas afectadas y establecer criterios de atención. No obstante, la falta de registros o de caracterización completa no podrá convertirse en un obstáculo para entregar asistencia. En esos casos, las entidades tendrán que adelantar las verificaciones necesarias para identificar a quienes requieren ayuda.