Corte Constitucional alerta sobre acceso a medicamentos en Colombia: “Persisten graves dificultades”

La Corte Constitucional declaró que el acceso a medicamentos en el país presenta un nivel de cumplimiento bajo respecto a la orden décima sexta de la Sentencia T-760 de 2008.

En el fallo que se dio hace más de 15 años se había advertido la obligación de garantizar a los pacientes la entrega oportuna de los fármacos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), la lista oficial de servicios, procedimientos y medicinas que las EPS deben suministrar tanto a los afiliados que cotizan como a los que son cubiertos por el Estado.

La decisión se tomó tras constatar que persisten graves dificultades en la entrega de fármacos por deudas acumuladas entre EPS y gestores farmacéuticos, incremento de tutelas de pacientes, retrasos en trámites del Invima y ausencia de información confiable para alertar desabastecimientos.

El Auto 1282 de 2025 señaló que la cartera entre los actores del sistema de salud ascendía a más de 4,1 billones de pesos con los gestores farmacéuticos, lo que limita la entrega de medicamentos PBS.

Entre los acreedores se encuentran Audifarma, Cruz Verde, Colsubsidio y Cafam, que reportaron moras de hasta 804 días en los pagos.

La Corte concluyó que, aunque no existe un desabastecimiento general en el país, sí se presentan problemas de dispensación de al menos 174 medicamentos, especialmente los destinados al tratamiento de enfermedades graves como cáncer, VIH, epilepsia, diabetes, enfermedades huérfanas, problemas cardiacos, hormonales, anticonceptivos y antibióticos.

Entre enero de 2022 y julio de 2025 las tutelas por falta de entrega oportuna de fármacos aumentaron de forma considerable. Según la Corte, entre 2022 y 2023 crecieron un 32,46 %, mientras que entre 2023 y 2024 el aumento fue del 106,81 %. En el primer semestre de 2025, las acciones judiciales ya equivalían al 59,67 % de las radicadas en todo 2024.

El alto tribunal advirtió que esta judicialización masiva refleja el deterioro en la garantía del derecho fundamental a la salud y constituye una sobrecarga tanto para los pacientes como para el sistema judicial.

La Corte también señaló que los trámites represados en el Invima constituyen una barrera de acceso, al retrasar la entrada de nuevas moléculas al mercado y la actualización de registros sanitarios. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, la entidad evacuó más de 31.000 trámites, pero aún mantenía pendientes más de 14.000.

El represamiento afecta la disponibilidad de medicamentos, pues los registros sanitarios vencidos o en espera impiden que fármacos ya fabricados o importados puedan llegar a los pacientes.

La Corte alertó además que la falta de información real y actualizada sobre la disponibilidad de medicamentos impide que EPS, médicos y usuarios reciban a tiempo alertas para proponer alternativas terapéuticas.

Esta situación genera complicaciones de salud, gastos adicionales para las familias y mayor presión sobre el sistema hospitalario.

En su decisión, la Sala Especial de Seguimiento reiteró que los medicamentos son un componente esencial del derecho a la salud y que su entrega oportuna resulta vital para preservar la vida, la dignidad y la calidad de los pacientes.