Corjusticia dice que disminución del salario de los congresistas generó una reducción automática en los pagos de procuradores, fiscales y jueces

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) advirtió este jueves que el Decreto 0030 de 2026, expedido por el Gobierno para disminuir la remuneración de los congresistas, generó una reducción automática en los salarios de procuradores, fiscales y jueces de todo el país, hecho que calificaron como una afectación directa a la independencia judicial bajo el argumento de la austeridad.

La organización señaló que la medida gubernamental, aunque dirigida nominalmente a los legisladores, activó una modificación práctica en el régimen salarial establecido por la Ley 4 de 1992.

Según explicaron los voceros de la entidad, esta decisión provocó un efecto cascada que “reducirá ingresos a los funcionarios judiciales y otros servidores públicos”, lo que incide consecuentemente en su calidad de vida y la de sus familias.

Corjusticia afirmó que la reducción del salario a los funcionarios judiciales constituye “un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial”.

La entidad agregó que esta situación desconoce los derechos salariales consolidados y el principio de no regresividad en materia laboral, advirtiendo que la medida puede generar “un escenario de conflictividad institucional”.

Ante este panorama, la agremiación instó al Gobierno y a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial a “adoptar las medidas que correspondan para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura”.

Asimismo, solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura y a los organismos de control adelantar las gestiones pertinentes para solventar la problemática.

La corporación extendió una invitación a los sindicatos y organizaciones de la Procuraduría y la Fiscalía, así como a los servidores públicos afectados, para “aunar esfuerzos por la defensa de nuestros derechos laborales”.

Corjusticia anunció que abrirá espacios de diálogo con otras instituciones y organismos internacionales para definir estrategias contra el decreto. La entidad concluyó que proteger la independencia judicial es indispensable para garantizar la democracia.

Críticas a la decisión del Gobierno

Como un “castigo político” calificó el presidente del Senado, Lidio García, el decreto presidencial que eliminó la prima de servicios para los congresistas, cuyo valor era de más de $16 millones, con lo que se reduce el salario de los senadores y representantes a la Cámara.

García recordó que el presidente Gustavo Petro recibió “durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona”.

El presidente de la corporación cuestionó que esta decisión no es en beneficio de mejorar la austeridad del país, sino que es la respuesta “de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”.