Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano: “Los combatientes no van a dejar las armas para irse a pagar cárcel”

Por Winston Viracachá Pava, especial para El País

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ha tenido acercamientos con el Gobierno para avanzar en la consolidación de un proceso de paz. No obstante, la iniciativa posee múltiples retrasos en su implementación.

Andrés Guerrero, vocero de la entidad, entregó un balance sobre los diferentes acercamientos que han existido entre el Ejecutivo para la materialización de un acuerdo duradero en el tiempo. Sin embargo, se encuentran a la espera de un marco jurídico que les entregue las garantías necesarias.

WVP: Hoy uno de los temores de las comunidades es ese marco jurídico que brinde garantías judiciales. Los mismos líderes nos han dicho que no lo ven viable. ¿Qué piensa la coordinadora sobre el proyecto de sometimiento?

Esta es una preocupación no solo de los líderes, sino también de toda la Coordinadora Nacional. Nosotros estamos viendo esto con mucha preocupación, porque realmente el marco jurídico para una negociación es la columna vertebral del acuerdo y esto es un punto en el cual el Gobierno Nacional no ha tenido claridad. No se ha resuelto y nosotros hemos venido insistiendo en que, para que este proceso siga avanzando, tiene que resolverse el marco jurídico para la paz.

Aquí se ha planteado un plan piloto y queremos ver cuál es el marco jurídico que se va a plantear. Esto nos permite avizorar cómo se encuentra el Gobierno organizado realmente para un proceso de paz.

WVP: El proyecto dice desmantelamiento y sometimiento, ¿la Coordinadora va a hacer ese sometimiento ante la justicia colombiana?

La coordinadora no está dispuesta a un sometimiento, aquí estamos actuando como organización política, que es el reconocimiento que ha dado el Gobierno Nacional para esta negociación y como tal estamos planteando una negociación política y no un sometimiento.

WVP: ¿Esa negociación política qué significa?

Aquí lo que se ha planteado es, primero, cómo se le resuelve la situación a las comunidades, segundo, cómo se le resuelve en un marco jurídico establecido la situación de los combatientes.

Si esto no lo vemos que esté resuelto, muy difícilmente podemos pasar por un proceso de dejación de armas o que implique el tema de las armas. Las armas son las garantías de cualquier acuerdo y es una de las exigencias que hemos tenido.

Un marco jurídico se tiene que trabajar con las dos partes. Aquí se presentó un proyecto de Ley por parte del Ministerio de Justicia, al día de hoy, la Corte ha dado respuesta que no es viable. Por parte de la Mesa del Gobierno se tenía una iniciativa, pero nosotros enviamos una documentación de la opinión de la Coordinadora y no vamos a aceptar una imposición.

WVP: ¿Cómo ven las penas?

Esa es una de las propuestas que se han hecho y es la posibilidad de las penas alternativas y eso es una discusión que se tiene que dar en el marco de una subcomisión jurídica.

WVP: ¿Estarían dispuestos a pagar las penas alternativas que se construyan dentro de un nuevo marco jurídico?

Lo que se ha dicho aquí con claridad es que los combatientes no van a ir a entregar las armas para ir a pagar cárcel, eso es claro.

WVP: Entonces, ¿se insiste en una amnistía o un indulto general?

Se ha planteado la amnistía lo más amplio posible, sin embargo, sabemos de las dificultades del sistema penal y no estamos ante el Estatuto de Roma, sino ante el nuevo Sistema Penal Acusatorio, entonces, viendo estas dificultades se ha planteado la amnistía lo más amplio posible.