Contraloría revive proceso de responsabilidad fiscal a la concesión de Eldorado

La Contraloría revivió el proceso al considerar que el análisis probatorio de la primera instancia “no resulta suficiente para concluir la inexistencia de daño patrimonial causado al Estado”.

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, revocó la orden de archivo del proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $4.761 millones en el contrato de concesión del aeropuerto ElDorado, de Bogotá, suscrito entre la Aeronáutica Civil y Opaín S.A. La Contraloría revivió el proceso al considerar que el análisis probatorio de la primera instancia “no resulta suficiente para concluir la inexistencia de daño patrimonial causado al Estado”. Los hechos que dieron origen al proceso fiscal se originaron en una Auditoría de la vigencia 2010 realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura. El hallazgo fiscal de esa auditoría se centró en las presuntas irregularidades frente al manejo de los recursos públicos del contrato de concesión celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y Opaín S.A., los cuales debían ingresar a la fiducia (comprendiendo tanto los ingresos regulados como los no regulados). Esa fiducia administraba los recursos y el manejo financiero y contable de los mismos. La Contraloría explicó que el hecho de que no ingresaran todos los recursos a la fiducia generaba una disminución en el valor base para determinar la contraprestación a cancelar a la Aerocivil, por concepto de explotación comercial, lo cual para los auditores constituía un presunto detrimento patrimonial. Es decir, que no había certeza sobre si se estaban reportando a la fiducia los ingresos regulados y no regulados. Además, otro hecho que se cuestiona tiene que ver con que se hayan concedido a los subarrendatarios de Otca S.A. (Fedex, Desacol y Girag) dos meses de gracia para realizar obras de adecuación y que sólo al vencerse ese término se hubieran comenzado a pagar los cánones convenidos en los contratos. Para el Contralor, otorgar ese período de gracia al arrendador del local comercial perteneciente al Estado, podría enmarcarse en un daño al patrimonio económico del Estado. Con la decisión, la Contraloría deberá seguir con las investigaciones adelantadas, decretar las pruebas que resulten necesarias y realizar las diligencias tendientes a esclarecer la verdad de los hechos.