Contraloría revisa posibles irregularidades en contratos del CNE tras las elecciones de 2026

La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para establecer si se presentaron posibles irregularidades o sobrecostos en contratos celebrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionados con la capacitación y acreditación de testigos electorales para las elecciones de 2026, comicios que ya se llevaron a cabo.

La actuación del organismo de control busca determinar cómo fueron ejecutados los recursos públicos destinados a estos procesos y si los contratos cumplieron con las condiciones establecidas. Entre los componentes que serán revisados están las herramientas tecnológicas, los servicios de ciberseguridad, la elaboración y distribución de cartillas y las actividades de capacitación para los testigos electorales.

“La decisión se adopta, teniendo en cuenta la relevancia de los procesos, en cuantía por determinar”, explicó la Contraloría al anunciar la apertura de las verificaciones.

Como parte de la indagación, el organismo solicitó al CNE información sobre los contratos suscritos con la Unión Temporal Actores Electorales 2026. La documentación requerida incluye las fechas de inicio y terminación, el valor de cada contrato, su objeto, estado de ejecución y los datos de los interventores o supervisores.

La Contraloría también pidió conocer los pagos realizados en desarrollo de estos contratos, así como la información relacionada con los acuerdos celebrados con LinkTic y BexTechnology, empresas que integran la unión temporal con participaciones del 95 % y 5 %, respectivamente.

La revisión se produce después de la realización de las elecciones de 2026, por lo que el organismo de control busca establecer, con posterioridad a la ejecución de los contratos, si hubo un manejo adecuado de los recursos públicos y si se presentaron situaciones que pudieran afectar el patrimonio del Estado.

La entidad aclaró que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que su apertura no significa que se haya determinado la existencia de una conducta irregular o que haya responsables definidos.

En ese sentido, la Contraloría fue enfática al señalar que “la apertura de la actuación no implica una declaratoria de responsabilidad”. El propósito inicial es recopilar documentos, revisar los contratos y analizar la ejecución de los recursos antes de adoptar cualquier determinación.

El organismo recordó además que tiene facultades para solicitar y examinar información relacionada con contratos, operaciones, programas y proyectos en los que estén involucrados recursos públicos o intereses patrimoniales del Estado.

Una vez concluyan las verificaciones, la Contraloría anunció que informará los resultados a la opinión pública y al país. Por ahora, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido un pronunciamiento frente a la decisión del organismo de control.