Contraloría detecta millonario detrimento en la Unidad para las Víctimas; esto se sabe de los bienes desaparecidos

El control de los recursos públicos destinados a la reparación en el país enfrenta un severo cuestionamiento fiscal. La Contraloría General de la República detectó graves inconsistencias administrativas y financieras dentro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), las cuales configuran un presunto daño patrimonial que supera los $33.009 millones de pesos.

Las alarmas se encendieron tras la finalización de una auditoría financiera practicada a los estados contables e informes de presupuesto de la entidad correspondientes a la vigencia fiscal 2025. El ente de control evidenció un preocupante desorden en el manejo físico y documental de mercancías de alta prioridad para la asistencia social.

De acuerdo con el organismo fiscalizador, el hallazgo principal compromete directamente a bienes de asistencia humanitaria que habían sido entregados previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en calidad de donación. El rastreo de estos elementos dejó al descubierto vacíos críticos en la cadena de custodia y distribución.

Los auditores confirmaron una total ausencia de soportes documentales que permitan acreditar que estas ayudas llegaron de manera efectiva a los beneficiarios finales de los programas de reparación. La situación empeora debido a que los funcionarios del ente de control no lograron la ubicación física de los cargamentos en los inventarios de la entidad.

La pérdida material de los elementos se complementa con una omisión absoluta en los registros contables de la Unidad para las Víctimas. Al no reportarse el ingreso ni la salida de estas donaciones en los libros oficiales, se vulneraron los principios básicos de transparencia, confiabilidad y control del patrimonio público de los colombianos.

Este desorden administrativo dio paso a la configuración de tres hallazgos puntuales, de los cuales uno posee una connotación fiscal directa por valor de $33.009.281.000 de pesos, al catalogarse como un detrimento patrimonial cierto y una pérdida de recursos del Estado que debieron beneficiar a las poblaciones vulnerables.

La evaluación de la Contraloría General de la República no se limitó únicamente al manejo de los inventarios donados. El informe detalló preocupantes falencias en la ejecución presupuestal de la institución durante el periodo analizado, mostrando un fuerte contraste entre la planeación y el gasto real ejecutado.

A pesar de que la administración de la UARIV logró comprometer contractualmente el 97,85 % de los recursos financieros asignados para el año, las obligaciones reales de pago apenas alcanzaron un tímido 50,36 % de la apropiación vigente, dejando tareas de atención a medias.

Esta parálisis operativa en los desembolsos finales generó preocupantes rezagos presupuestales que ascienden a los $2 billones de pesos. Según los expertos auditores, este represamiento de capital afectó directamente el cumplimiento de las metas institucionales de asistencia, reparación y estabilización de las víctimas del conflicto.