Contraloría alerta sobre abismal brecha digital en regiones de Colombia; ¿está el Valle?

La Contraloría General de la República hizo un llamado urgente para que el acceso a la conectividad en Colombia sea reconocido como un derecho fundamental y no un privilegio. El pronunciamiento se dio tras la publicación de un estudio sectorial que revela las profundas desigualdades en el acceso y uso de internet en el país.

El análisis del organismo, con un enfoque territorial, ético y técnico, señaló que la brecha digital es un reflejo de exclusiones estructurales que van más allá de la simple cobertura. Un ejemplo de ello es que en departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, menos del 34,1 % de los hogares tienen conexión a internet.

La Contraloría explicó que esta problemática evidencia barreras estructurales que impiden a los ciudadanos estudiar, trabajar o acceder a servicios de salud en condiciones de equidad.

A nivel nacional, la principal razón para la desconexión es el factor económico, pues más del 59 % de los hogares sin internet señalaron que el alto costo del servicio es el principal impedimento.

El informe también reveló que la adopción de nuevas tecnologías digitales en Colombia avanza a un ritmo desigual y limitado. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), aunque el sector TIC ha contribuido en promedio con el 3,8 % del PIB entre 2014 y 2022, su participación relativa frente al PIB total ha disminuido.

Esta situación se refleja en una digitalización incipiente en el aparato productivo del país, donde apenas el 5,8 % de las empresas industriales utilizan inteligencia artificial y solo el 10,2 % hacen analítica de datos.

La Contraloría reiteró que el espectro radioeléctrico debe ser tratado como un bien público para maximizar el bienestar social y no solo como una fuente de ingresos para el Estado.

Si bien entre 2019 y 2023 se asignaron 460 MHz que generaron más de $ 6 billones para la Nación, la entidad advirtió que a la fecha no se ha cuantificado adecuadamente el impacto social y territorial de estas asignaciones, incumpliendo con la obligación legal de valorar económicamente el bienestar generado.

Como hoja de ruta, la Contraloría propuso una agenda de acción que incluye rediseñar los indicadores de progreso digital con enfoque en el bienestar, crear marcos normativos diferenciales para los territorios excluidos y consolidar una canasta básica TIC que incluya conectividad, dispositivos y habilidades digitales.

El objetivo, concluyó la entidad, es que la conexión transforme vidas y ayude a construir “una Colombia más equitativa, inclusiva y preparada para el futuro”.