Consultas internas de partidos producen más dudas que votos

Analistas dicen que consultas son hoy la solución de los problemas internos de los partidos.

Más que votos las consultas internas, como las que se realizarán hoy en 271 municipios del país, parecen producir serias dudas. Y es que muchos sectores consideran que son procesos onerosos y que la única función que tienen es solucionarle los problemas que tienen las colectividades en materia de candidatos.De acuerdo con los estimativos de la Registraduría, las consultas que se realizarán este domingo costarán poco más de $60.000 millones, que son invertidos en papelería, la infraestructura de los puestos de votación y el pago de supernumerarios para el conteo de votos.Ante este panorama, los cuestionamientos surgen debido a que, para algunos sectores, la esencia democrática de las consultas se ha perdido en los partidos, en la medida en que muchos de ellos, luego de haber participado, terminan llevando a otras personas a las urnas, luego de acuerdos políticos que desvanecen el esfuerzo en materia de infraestructura y económica que hace el Estado.Así lo considera el analista político, Ancizar Marroquín, quien si bien reconoce que “en el aspecto democrático las consultas evitan el ‘dedógrafo’, las camarillas y facilita el acceso de los ciudadanos para escoger sus candidatos”, tiene claro que “lo que pasa es que a nuestros partidos les falta seriedad y acomodan las consultas a sus propias necesidades”.“Los gamonales políticos, muchas veces, desconocen al ganador de una consulta y le hacen el quite a la ley por encima de la voluntad popular”, dice y enfatiza: “Es una inversión millonaria para dirimir los conflictos internos de los partidos”.En igual sentido se pronuncia el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien advierte que el tema de las consultas “solamente es de importancia de los partidos” y coincide con Marroquín al indicar que “se hacen gastos muy altos para resolver los problemas internos de los partidos”.Hernández dice que la mejor fórmula para evitar estos gastos sería que “los partidos establezcan sus propios procedimientos para la escogencia de los candidatos y no trasladar estos gastos al Estado,”El ex magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y hoy precandidato liberal a la Alcaldía de Ibagué (Tolima), Marco Emilio Hincapié, fue más allá y dijo que las consultas representan más gastos para los aspirantes.“Eso es oneroso. Los partidos no dan nada de recursos a los candidatos para la campaña en las consultas”, denuncia Hincapié quien, además, agrega que “quien resulte ganador tiene que hacer una doble inversión, porque son dos campañas”.Explica que un candidato invierte “260 millones de pesos, que es el tope de ley, en la campaña a la consulta y de ganar le tiene que sumar otros 900 millones de pesos en la otra campaña. Eso es muy duro”.Ahora en su experiencia de candidato, el ex magistrado Hincapié denuncia que “quienes ostentan el poder en las regiones tienen sus candidatos y estas consultas disparan la corrupción porque se pagan favores con contratos y todas esas cosas”.Juan Lozano, presidente del Partido de La U, maneja un término medio y dice que “las consultas son beneficiosas para la democracia, porque son los ciudadanos quienes definen a quién o quiénes quieren en las elecciones”.Sin embargo, Lozano reconoce que “hay que hacer una reglamentación de estas consultas”, en la medida en que considera que “muchas veces representan un desgaste político y económico para el país”.No obstante, hay quienes defienden esta herramienta electoral como es el caso del politólogo Alejo Vargas, quien al hacer referencia a los costos de las consultas dice que “la democracia cuesta”.Para Vargas es evidente que las consultas son “un mecanismo muy importante, lo que pasa es que lamentablemente no es obligatorio, lo cual lo volvería más destacado, para que todos los partidos tuvieran que participar”.Más medidas estrictasPara el registrador delegado Alfonso Portela en la actualidad no existen sanciones para los partidos que se retiran de las consultas sin previo aviso. “No existe (plazo estipulado para retirarse de hacer consultas). Existe son unas responsabilidades que están en la nueva reforma política que estudia la Corte Constitucional”, dice, al advertir que “en la actual normatividad no existe una sanción para ese tipo de retiros donde la infraestructura que se monta se desgasta”.Comenta que “la reforma política contempla algunas sanciones de tipo económico para aquellas renuncias que se hacen una vez la logística esté montada y la sanción consiste en que deben reponer los gastos que incurrió a la organización electoral cuando ya se ha adelantado y se presenta esa denuncia”.Portela tiene claro que “el mecanismo requiere no desaparecerlo, no se trata de eliminarlo, porque es apropiado” y añade que “lo que le falta es un poquito más de reglamentación”.Al referirse al tema presupuestal revela que la Registraduría solicitó $90 mil millones, pero aseguró que de este monto solamente “fueron asignados $60 mil millones” y aclaró que “obviamente que no nos vamos a gastar todo, en la medida en que hacemos todos los esfuerzos necesarios para no desperdiciar ese dinero, pero hay cosas que ya se le salen a uno de las manos”.