Cómo proteger su imagen en conjuntos residenciales: así funciona la ley que permite borrar grabaciones de seguridad

Desde este 13 de mayo de 2026, se ha ratificado que los sistemas de vigilancia en los edificios y conjuntos residenciales de Colombia no pueden operar bajo la discrecionalidad absoluta de los consejos de administración. Una normativa vigente obliga a replantear la forma en que se capturan, almacenan y eliminan los datos sensibles de quienes transitan por estas edificaciones bajo el régimen de propiedad horizontal.

El uso de la tecnología de vigilancia está estrictamente regulado por la Ley 1581 de 2012, más conocida como la Ley de Habeas Data. Esta legislación tiene como objetivo principal garantizar que la recolección de imágenes y sonidos no vulnere la privacidad de los propietarios, inquilinos y visitantes que frecuentan las zonas comunes del país.

Los administradores tienen ahora el deber ineludible de informar con total claridad sobre las políticas de protección de datos personales adoptadas por la copropiedad. De no cumplir con este requisito, las unidades residenciales se exponen a sanciones legales severas, debido a que las imágenes grabadas se consideran información altamente sensible por ley.

La ley dice que Las cámaras deben estar ubicadas estratégicamente de modo que su cobertura incluya exclusivamente bienes comunes y áreas compartidas. Instalar estos dispositivos orientados hacia el interior de las viviendas o zonas privadas se cataloga hoy como una violación directa al derecho fundamental de la intimidad.

Uno de los cambios más significativos en la gestión de la seguridad es la facultad de los residentes para exigir la supresión inmediata de las grabaciones. Si una persona considera que la finalidad de seguridad para la cual fue grabada ya se cumplió, la administración está obligada a eliminar ese material de sus registros digitales.

La firma de abogados Infante López Consultores explicó que este derecho es inalienable para cualquier persona que sea captada por los lentes, incluyendo a trabajadores y proveedores de servicios. No se requiere de una orden judicial previa si el almacenamiento del video carece de una justificación legítima y vigente para la seguridad del edificio.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio ha ratificado que los ciudadanos están facultados para solicitar voluntariamente la eliminación de dicha información. La única excepción válida a esta regla ocurre cuando las imágenes en cuestión constituyen el acervo probatorio de una investigación judicial o administrativa en curso.

Para garantizar la transparencia, las copropiedades deben implementar sistemas que se ajusten a los estándares técnicos y legales vigentes. Empresas expertas en el sector, como Alarmar, sugieren que la instalación tecnológica debe ir siempre acompañada de un manual de procedimientos que sea conocido por todos los habitantes del proyecto.

La automatización del control de acceso y la integración de alertas en tiempo real son ventajas que mejoran la convivencia ciudadana. Sin embargo, la efectividad de estas herramientas depende de que la administración no incurra en negligencia al manejar los archivos digitales que contienen los rostros de los residentes.

La tendencia creciente de las rentas temporales, gestionadas a través de plataformas como Airbnb, ha generado nuevas preocupaciones en materia de seguridad. En estos escenarios, el tratamiento de los datos de los residentes temporales debe ser tan riguroso como el que se aplica a los propietarios permanentes de la edificación.