Catalina Giraldo y el primer suicidio asistido en Colombia: claves del caso que llega a la Corte

El caso de Catalina Giraldo, conmovedor y controvertible, volvió a poner en el centro de la conversación uno de los temas más sensibles del país: el derecho a decidir sobre el final de la vida.

La psicóloga de 30 años fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado, conjunto de síntomas que le aprisionan el pecho y la mente desde hace décadas.

De hecho, ha intentado suicidarse con métodos violentos en al menos nueve ocasiones, de lo que son prueba viva las cicatrices en forma de línea que sobresalen en sus antebrazos.

En busca de una salida que no sea agresiva para ella y su familia, Catalina decidió acudir al sistema de salud para solicitar acceso al suicidio médicamente asistido, una práctica que es legal en Colombia desde 2022.

Con esta petición busca que el país le garantice la posibilidad de acceder a este procedimiento, que hasta ahora no se ha practicado en el territorio nacional.

El suicidio médicamente asistido es considerado una medida cercana a la eutanasia, con la diferencia de que es el propio paciente quien ejecuta la decisión tras recibir el apoyo clínico correspondiente.

Esta práctica, sin embargo, aún no cuenta con una regulación específica por parte del Ministerio de Salud, lo que ha generado incertidumbre en las instituciones médicas sobre la forma en que deben responder a este tipo de solicitudes.

Sobre el estado de salud de Catalina, el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DescLab, organización que impulsa iniciativas jurídicas y sociales relacionadas con el derecho a morir dignamente, explicó que su condición ha sido evaluada durante años mediante distintos tratamientos.

“Su cuadro clínico es crónico y refractario a los tratamientos ofrecidos. Durante cerca de diez años ha recibido múltiples intervenciones médicas y psicológicas, incluyendo aproximadamente cuarenta esquemas farmacológicos distintos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y seis infusiones de ketamina. Desde 2020 ha requerido alrededor de nueve hospitalizaciones psiquiátricas por crisis agudas”.

La solicitud formal de acceso al procedimiento fue presentada en octubre de 2025 ante su aseguradora de salud, EPS Sanitas. La entidad negó la petición argumentando que no existe una regulación que indique cómo deben actuar las instituciones del sistema frente a estas solicitudes.

Tras esta decisión, la psicóloga presentó una acción de tutela en defensa de su derecho a morir dignamente. El recurso judicial fue negado por un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad en Bogotá.

Ante este escenario, el caso podría convertirse en un precedente jurídico si es seleccionado para revisión por parte de la Corte Constitucional, instancia que tendría la posibilidad de pronunciarse sobre el alcance del suicidio médicamente asistido en el país.

“El caso de Catalina plantea una pregunta clave para el sistema jurídico colombiano: si la asistencia médica al suicidio, despenalizada por la Corte Constitucional en 2022, podrá ejercerse realmente como parte del derecho a morir dignamente o si seguirá limitada por la negligencia y la falta de reglamentación del Ministerio de Salud”, explicó Lucas Correa, director de DescLAB.

Las cifras de salud pública reflejan además la magnitud del fenómeno de la conducta suicida en Colombia. Con corte a la semana epidemiológica 53 de 2025, se notificaron 38.758 intentos de suicidio en el país, cifra superior a los 34.566 casos esperados para ese mismo periodo.

Los reportes se concentraron principalmente en Bogotá, con 5851 casos, y en Antioquia, con 5661. Les siguieron Valle del Cauca con 2118 y Santander con 1790 intentos registrados durante ese año.