Bogotá, Antioquia y Valle, puntean en sanciones a funcionarios

Según esos indicadores, entre abril del año 2008 y abril de 2014 fueron impuestas 4.978 sanciones por delitos contra la administración pública.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República presentó un estudio sobre los indices de sanciones disciplinarias y fiscales, en el que se advierte que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca ocupan los primeros lugares según el número de sanciones impuestas tanto a funcionarios públicos como a particulares. Según esos indicadores, entre abril del año 2008 y abril de 2014 fueron impuestas 4.978 sanciones por delitos contra la administración pública; de estas, la ciudad de Bogotá cuenta con 982 sanciones, la región de Antioquia con 762 y Valle del Cauca con 669 sanciones.El estudio está basado en el seguimiento de los organismos de control para tipificar las sanciones como gravísimas, graves y leves en el caso de la disciplinarias. La información fue brindada por el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad de la Procuraduría. Según los indicadores, los delitos penales contra la administración pública más comunes son el de omisión del agente retenedor, que sería lo equivalente a impuestos y otros cobros por el que se aplicaron 1.714 sanciones, seguido del peculado por apropiación con 1.346 sanciones y el cohecho por dar u ofrecer con 872. Otros de los departamentos que presentan estas sanciones son Santander con 303, Huila con 188, Norte de Santander con 159 y Nariño con 134. El Secretario de Transparencia, Camilo Enciso, reconoció el trabajo que adelantan los operadores disciplinarios y judiciales en la lucha contra la corrupción, y recuerda que uno de los principales desafíos en los próximos años es fortalecer la agenda de trabajo territorial a través de las Comisiones Regionales de Moralización. “Las Comisiones deben ser los bastiones de la lucha contra la corrupción y de la promoción de la transparencia y la cultura de la legalidad en las regiones. Estas Comisiones, trabajando en equipo con la sociedad civil y los veedores regionales, darán frutos en la medida que asuman el liderazgo que el Estatuto Anticorrupción les exige y que la sociedad les demanda”, afirmó el funcionario.