Asocapitales respalda los cambios en el uso de la fuerza y actuación policial en las manifestaciones

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó este jueves su respaldo al proyecto de decreto del Ministerio del Interior que modifica el Decreto 003 de 2021, en el que se establece el protocolo de actuación de las autoridades frente a la protesta pacífica.

La organización señaló que la modificación del decreto no restringe el derecho, lo que busca es aclarar las reglas de aplicación y garantizar los derechos de quienes protestan y de quienes no lo hacen.

En ese sentido, la Asociación aseguró que el proyecto mantiene la presunción de que las manifestaciones son pacíficas, establece que la responsabilidad es individual y no colectiva, organiza la actuación de las autoridades en un modelo de niveles y obliga a mantener abierto el canal de diálogo con los gestores de convivencia.

Asocapitales aseguró que las cifras de las protestas en el país ponen en evidencia la necesidad de estructurar reglas claras.

“Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se registraron 4.039 protestas y conflictos sociales en 536 municipios del país, es decir, 11 por día, y el bloqueo de las vías fue el principal mecanismo, con el 41% de los casos”, señaló la entidad.

Más adelante, la Asociación también indicó que, “el protocolo vigente no daba a las autoridades criterios claros para proteger la movilidad, los servicios esenciales y los bienes públicos durante estas jornadas”.

Cabe decir que, el decreto promovido por el Gobierno tiene como principal objetivo regular el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica.

Entre las medidas se encuentran cambios en el protocolo que permitirían a la Policía intervenir en las manifestaciones si desde el comienzo se evidencia la presencia de armas o explosivos, agresiones contra terceros, comunicadores o misiones médicas, retención de personas o destrucción de infraestructura.

Otro de los cambios establece que la Policía deberá implementar también un dispositivo ubicado a una distancia mínima de cuatro metros durante toda la manifestación, esto con el fin de evitar cualquier emergencia derivada de una revuelta social.

“Para las alcaldías, esta claridad es fundamental. Las ciudades capitales son el principal escenario de la movilización social en el país. Reglas precisas permiten a los mandatarios locales y a los Puestos de Mando Unificado (PMU) actuar a tiempo, con el diálogo como primera herramienta, con decisiones verificables y documentadas, y con pleno apego a los derechos humanos”, concluyó la Asociación.

No obstante, finalmente instó que, ante una protesta, la obligación de los entes locales es publicar un “balance de cada jornada dentro de las 72 horas siguientes para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana”.