Así es el Bronx de Medellín, donde más de 500 personas, entre extranjeros y nacionales, se reúnen en torno al bazuco

Casi 600 personas se tomaron una cuadra en el centro de Medellín y al mejor estilo del ya conocido y temido Bronx que se apoderó de una parte de Bogotá, empezaron a armar su propia micro comunidad, dominados por el efecto del bazuco.

Desde el pasado 30 de agosto del 2018, hace cinco años, habitantes en condición de calle se adueñaron de un sector entre Cúcuta y La Paz, bautizándolo como “El Bronx”, tomando fama a nivel nacional, lo que hizo que, en solo semanas, se multiplicaran sus ocupantes.

Desde la Personería municipal, se han censado a las personas que habitan este lugar, encontrando ciudadanos de otros departamentos e incluso, de países como Costa Rica, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Albania, Noruega, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba y Brasil.

Esta calle está llena de cambuches que los mismos habitantes han improvisado para cubrirse de la inclemencia del sol y la lluvia, así como servirles de “nido” para sus actos amorosos. Pero aun así, la gran mayoría permanece sobre los andenes, dejando al descubierto su decadencia. Es ahí donde duermen, cocinan, orinan, defecan y tienen relaciones sexuales, todo en torno al consumo de drogas.

Un grupo delictivo ha asumido el control absoluto del mercado de sustancias en esta zona, siendo los encargados de distribuir, por tan solo $3,000, pequeñas dosis de droga, y los consumidores financian su adicción a través de ganancias obtenidas de actividades como el reciclaje, robos y donaciones. Alarmantemente, algunas personas pueden consumir hasta 20 dosis en un solo día.

Esta misma organización ejerce un dominio autoritario en la zona, pues dentro del perímetro, rige un conjunto de reglas no escritas que regulan la conducta de los residentes y administran justicia por cuenta propia en caso de su incumplimiento. Los incidentes violentos son comunes y a menudo se producen ataques con armas blancas y objetos contundentes.

El Bronx de Medellín se ha convertido en un lugar misterioso para muchas personas atrapadas en su tejido social, a pesar de los esfuerzos de sus familias y numerosas organizaciones comunitarias por rescatarlos de la influencia devastadora del bazuco y la falsa sensación de seguridad que ofrece la calle.

Las quejas de quienes residen en las cercanías de esta zona son numerosas. Antes de 2018, el área era un próspero centro comercial que generaba considerables ingresos por ventas. Sin embargo, con la propagación del bazuco, los comercios se arruinaron, los propietarios de restaurantes, estacionamientos y tiendas se vieron obligados a cerrar sus negocios.

Además, la tranquilidad de los residentes se esfumó. Bajo reserva, algunos vecinos han expresado que durante el día se ven afectados por los malos olores, mientras que las noches son interrumpidas por la algarabía constante de la gente. La situación ha llegado a ser calificada como “un infierno tremendo”.

El Tribunal Administrativo de Antioquia ha respondido a una acción popular presentada, argumentando la vulneración de los derechos a un entorno saludable, salubridad y seguridad. En consecuencia, ha llamado a diversas instituciones a tomar medidas para restablecer el orden y brindar asistencia a las personas involucradas.

Hace quince meses, se instó a implementar un “plan integral focalizado”, que incluyera un censo de las personas en situación de calle y la búsqueda de “estrategias que se puedan adoptar para invitarlos a que se acojan a la oferta pública existente para atender sus necesidades”.

La Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, el ICBF, las Empresas Varias de Medellín y la Fiscalía General de la Nación fueron convocados para llevar a cabo esta tarea y se les dio un plazo de cuatro meses para cumplir con la orden del Tribunal.

Pasado ese tiempo, los magistrados concluyeron que las entidades no habían cumplido con el fallo y decidieron imponer multas equivalentes a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes a Daniel Quintero, alcalde de Medellín; Isabel Cadavid, secretaria de Inclusión Social; y Martha Ciro, coordinadora del ICBF.

La administración local impugnó esta medida y afirmó que, junto con las demás entidades convocadas, ha caracterizado a los ciudadanos en situación de calle, implementado medidas para combatir el microtráfico y tomar medidas para recuperar el espacio público, todo ello en el contexto de protección de los derechos fundamentales de la población en el área. La Policía también aseguró que “es una población protegida y brindamos todas las atenciones. Recogemos basuras e incautamos sustancias alucinógenas”.