Así es como el petrismo metería por la ‘puerta de atrás’ su proyecto de reforma a la salud

La estrategia, o el Plan B del petrismo, empezó a estructurarse hace cerca de un mes, aseguran los analistas, cuando el Gobierno Nacional dio por sentado que se hundiría en el Congreso de la República el proyecto de ley de reforma al sistema de salud, como en efecto ocurrió el pasado jueves en la Comisión Séptima del Senado.

Coinciden varios de los expertos en que la idea desde el día uno del gobierno de Gustavo Petro fue apostar al mayor debilitamiento de un sistema de salud que si bien presentaba falencias, y que en efecto demandaba cambios y mejoras, no era necesaria una reforma total como la pretende el Gobierno.

Vino entonces lo que algunos consideran el impulso de una ‘crisis estratégica’ por parte del Ejecutivo y que consistiría en demorar o no realizar el giro de recursos a las EPS, ignorar el llamado a reunirse con las entidades prestadoras de salud para buscar mejoras al sistema y negarse a reajustar la insuficiente Unidad de Pago por Captación, que es lo que gira el Estado por la salud de cada persona.

El resultado es el inconformismo cada vez mayor de miles de colombianos que buscan la atención médica en entidades que no reciben los recursos necesarios y que vienen acumulando pérdidas año a año.

“La situación actual es critica. La gestión del riesgo en salud depende de contar con unos recursos suficientes para cada una de las personas que cubre una EPS; además de que dichos recursos fluyan de manera oportuna desde el Estado a las EPS y de ahí a todos los actores que prestan los servicios (prestadores, recurso humano, laboratorios, gestores farmacéuticos, etc)”, explica Normal Maldonado, director del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, Proesa, de la Universidad Icesi.

“El problema se ha hecho mucho más grave desde la entrada del nuevo gobierno (Gustavo Petro) porque, además de ser insuficientes, el flujo de los recursos del Estado a las EPS se ha deteriorado. Es decir, el sistema de salud esta financieramente asfixiado”, aseguró Maldonado.

En diálogo con El País, el exministro de Salud Alejandro Gaviria aseguró que es difícil juzgar las intenciones del Gobierno, pero lo que sí ha existido es una situación de pasividad ante un problema que se viene advirtiendo desde hace casi un año. “No sé si eso es parte de una gran estrategia, pero sí hubo una desatención seria del problema. No sé si hubo culpa grave o dolo, pero por lo menos sí creo que hay culpa grave del Gobierno en lo que está pasando”.

“Todos los sistemas de salud tienen problemas, crisis de sostenibilidad; nunca habrá una solución definitiva. Pero toca tomarse los problemas en serio, cosa que no hizo este Gobierno. Todo lo contrario, nunca se tomaron en serio el problema y se demoraron meses, incluso, en hacer una reunión. Es una autodestrucción anunciada, una “crisis explícita” para satisfacer una ideología destructiva. La ideología siempre estuvo por encima de la gente”, aseguró Gaviria.

Un diálogo de sordos

Con ese Plan B en marcha por parte del gobierno de Gustavo Petro, como lo han asegurado los expertos, era apenas lógico que cayeran en oídos sordos las advertencias de varias EPS al Ministerio de Salud, alertando de la crisis que se avecinaba para el sistema.

Así lo hicieron saber el 27 de julio del 2023 los gerentes y presidentes de las EPS Sura, Sanitas y Compensar, en una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asumiendo “una posición constructiva y propositiva para continuar fortaleciendo nuestro sistema de salud”.

“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y bienestar de la población”, explica el documento que no tuvo respuesta del Gobierno.

Agrega la misiva que son tres los aspectos relevantes “que deben ser tratados a la mayor brevedad para poder continuar garantizando la calidad y el acceso oportuno a los servicios de salud” de los colombianos, “asegurando la sostenibilidad del sistema y no afectando la atención a los usuarios”.

Son ellos: la revisión del valor de la UPC que resulta insuficiente para atender el plan de beneficios en salud; una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables porque hay EPS con cargas de enfermedades de altos costos, y el pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid, licencias e incapacidades, entre otros.

Solo las deudas pendientes de las canastas covid con las EPS Sura, Sanitas y Compensar suman cerca de un billón de pesos, según el documento enviado en junio del 2023 por estas entidades al Ministerio de Salud, y la insuficiencia en los valores de la UPC en el 2022 suma $1,5 billones.

La llamada Unidad de Pago por Capitacion (UPC) tiene un valor aproximado anual de $1′400.000 que paga el Estado colombiano para la atención en salud de cada persona. Sin embargo, este recurso ha resultado históricamente insuficiente ante la demanda de servicios de la población.

En la carta, las EPS se ponen a disposición del Gobierno con su “conocimiento y experiencia para apalancar un sistema de salud que cuide el avance alcanzado” en el país en materia de garantías de atención médica, pero nunca hubo respuesta.

“La reforma a la salud no se logró tramitar porque el presidente Gustavo Petro no quiere consensos ni concertación, sino imposición”, aseguró el senador Carlos Fernando Motoa, férreo opositor al proyecto de reforma que presentó el Gobierno ante el Congreso.

Contrario a lo que se esperaba, el gobierno Petro dio un golpe de mano e implementó por vía administrativa lo que no logró que le aprobara el Congreso de la República. Entonces la Superintendencia de Salud intervino a Sanitas el pasado martes y un día después a la Nueva EPS, con lo cual el sistema de salud ha pasado en su mayoría a ser administrado por el Estado.

“El gobierno asume su función constitucional de reordenador el sistema de salud”, explicó Gustavo Petro en su cuenta de ‘X’ y horas después durante la instalación de la Asamblea Nacional Cafetera destapó la verdadera intención al asegurar que: “ahora, nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación, ahora es de golpe”.

¿Estatización?

La intervención de Sanitas y la Nueva EPS convirtió al Estado colombiano en el mayor operador de Empresas Prestadoras de Salud, asumiendo la responsabilidad de garantizar el bienestar médico de más de la mitad de la totalidad de los afiliados del país.

Un proceso que, según las investigaciones previas de la Procuraduría, se habría hecho de manera abrupta por parte de la Superintendencia de Salud y que consideran los expertos que atendiendo a intereses políticos del gobierno Petro que no sería otro que estatizar el sistema de salud, como lo pretendía la reforma que hundió el Senado de la República.

Para el exministro Alejandro Gaviria el hecho de que la Superintendencia entre a administrar el 90% de los recurso de la salud de los colombianos afiliados “es hablar ya de otro sistema de salud; estamos ya en un escenario en el que hay un sistema de salud simplemente desaparecido y tenemos un sistema de salud nuevo, estatizado, entrando por la puerta de atrás”.

“Lo digo con toda sinceridad; no va a ser mejor que el que tenemos, va a ser peor. Tendremos más problemas de atención en salud, tendremos más problemas de infraestructura y tendremos muchos, muchos más problemas de corrupción”, dijo el exministro Gaviria a El País.

En el ese mismo sentido se pronunció el senador Carlos Fernando Motoa quien coincide en que “este Gobierno quiere estatizar el servicio y lo que pretendía con la mal llamada reforma a la salud, era destruir todo lo construido; generar más divisiones, más dificultades en algunos sectores como está ocurriendo con el comercio, la industria, la desaceleración económica, el aumento del desempleo y ahora le correspondió el turno a la salud”.

“Me preocupa que este es gobierno es un pésimo administrador. Un gobierno que improvisa, que no ejecuta; vemos por ejemplo el Ministerio de Igualdad con una ejecución de menos del 1%. Imagínese administrando la población que hoy tienen a cargo las EPS”, concluye el senador Motoa.