Armada Nacional tendría facultades de policía judicial en altamar: el nuevo plan del Gobierno

El Gobierno nacional radicó, ante el Congreso, un ambicioso proyecto de ley que busca crear el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (Peimar). La iniciativa, presentada por los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y de Defensa, Pedro Sánchez, pretende otorgar a la Armada Nacional facultades especiales de policía judicial en operaciones en altamar.

El objetivo principal es brindar un marco legal robusto para combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas, la pesca ilegal, la piratería y el contrabando, fenómenos que afectan directamente la seguridad nacional y el comercio exterior.

Según el ministro Montealegre, “con este proyecto se otorgan facultades de policía judicial ordinaria a la Armada para actuar en situaciones de flagrancia y cuasi flagrancia, o cuando exista evidencia que permita inferir la comisión de un delito”.

Colombia posee una amplia jurisdicción marítima, cerca del 40% de su territorio corresponde a mares, por donde circula el 98% del comercio exterior y el 85% del tráfico marítimo del canal de Panamá. Estas condiciones exponen al país a dinámicas del crimen organizado que operan a nivel transnacional y que requieren respuestas inmediatas y coordinadas.

El Peimar establece que las capturas realizadas a más de 24 millas náuticas deberán legalizarse en un plazo máximo de 36 horas. Para ello, se prevén audiencias concentradas virtuales ante jueces de control de garantías, lo que permitirá respetar los derechos fundamentales sin interrumpir las misiones de patrullaje ni regresar de inmediato a puerto.

El esquema propuesto contempla tres fases operativas, señal de detener máquinas, inspección de la nave y sostenimiento de la operación cuando haya incautaciones o capturas. Así, la Armada podrá mantener su presencia en las áreas asignadas sin comprometer la cadena de custodia de las pruebas ni la seguridad nacional.

El proyecto también articula a la Armada con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, buscando certificar al personal de guardacostas en técnicas de investigación y manejo de evidencia. Esta coordinación pretende superar vacíos legales que, en el pasado, debilitaron procesos derivados de incautaciones marítimas.

La propuesta se apoya en antecedentes jurisprudenciales como la sentencia C-239 de 2012 de la Corte Constitucional, que subrayó la necesidad de garantizar el habeas corpus y el debido proceso en operaciones de interdicción. Además, se enmarca en la Nueva Política Antidrogas 2023-2033, orientada a judicializar los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico.

Entre 2019 y 2024, la Armada reportó la incautación de más de 572.000 kilogramos de cocaína y 99.000 kilogramos de marihuana, además del rescate de 411 personas víctimas de trata y la incautación de mercancías de contrabando avaluadas en 68.000 millones de pesos.