Alcaldía de Chinácota anuncia sanción contra parque recreativo donde falleció la joven que se lanzó desde un tobogán

Una semana después del trágico accidente en el que falleció Yuris Cristel Camila García en un tobogán de un centro recreativo en Chinácota (Norte de Santander), se conoció que la Alcaldía de ese municipio puso una sanción contra el establecimiento comercial.

En ese sentido, se confirmó que la atracción tuvo que ser cerrada preventivamente a la espera de que las autoridades competentes avancen en las investigaciones y así esclarezcan los hechos.

“Se ha cerrado provisionalmente este tobogán mientras las autoridades competentes, Fiscalía, Policía Nacional, la Policía de Turismo y demás autoridades adelantan las investigaciones técnicas, policiales para establecer realmente cuál fue la causa de ese trágico accidente”, afirmó el alcalde de Chinácota, Ramiro Luna.

Según lo explicado por el mandatario local, el tobogán fue instalado en tiempos recientes, exactamente dos semanas antes del accidente, razón por la cual no contaba con los permisos necesarios para su respectivo funcionamiento. Y el Gobierno Municipal no había recibido solicitudes formales para que el funcionamiento de la atracción fuera aprobado.

De hecho, aclaró que, aunque la Alcaldía estaba enterada sobre la construcción del tobogán, aún se estaba a la espera de recibir el trámite correspondiente.

En cuanto a la sanción, esta será tipo 4, ya que el establecimiento no tramitó los permisos que le correspondían. Cabe resaltar aquí que esta sanción no significa que el lugar será cerrado en su totalidad, sino que solo será suspendido el funcionamiento del tobogán.

Además, el alcalde Luna dio a conocer que el municipio aperturó un proceso de verificación en otros establecimientos similares, con el fin de evitar que se estén presentando situaciones similares.

La sanción Multa General Tipo 4, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, es una sanción económica de mayor cuantía al interior del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Es impuesta cuando las autoridades perciben que hay comportamientos que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad pública.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, son 32 salarios mínimos diarios legales vigentes lo que equivale el valor de la multa, lo que significa una medida correctiva de carácter oneroso con el propósito de erradicar comportamientos de impacto negativo para las comunidades.

Además del impacto de la sanción económica, la multa genera otras consecuencias como la afectación de la operación de un establecimiento. Por lo tanto, cuando se trata de un negocio como este en Chinácota, siempre se suele aplicar la suspensión temporal del funcionamiento por un tiempo determinado.