¿Afectará la suspensión del salario mínimo las elecciones del 8 de marzo? Esto opinan los expertos

En la recta final hacia las elecciones legislativas del 8 de marzo, el escenario político colombiano sumó un nuevo factor de tensión: la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026.

A menos de tres semanas de que los ciudadanos acudan a las urnas en una jornada clave para medir fuerzas entre quienes aspiran a la Presidencia, la decisión del Consejo de Estado alteró la campaña y abrió un debate que trasciende lo económico para instalarse en el terreno político y simbólico.

Por primera vez, el Alto Tribunal adoptó una medida cautelar contra el decreto con el que el Ejecutivo había establecido un incremento del 23,8 %, el más alto registrado en la historia reciente del país.

La determinación se fundamentó en una supuesta ausencia de criterios técnicos suficientes que justificaran el aumento entre 2025 y 2026. La controversia no tardó en trasladarse al debate público, en un semestre marcado por decisiones judiciales que han generado lecturas políticas encontradas.

En ese contexto, diversos analistas coinciden en que el gobierno del presidente Gustavo Petro podría encontrar en este episodio un catalizador para movilizar a su electorado. Juan Federico Pino, académico de Flacso Ecuador, sostuvo que el fallo representa “una ventana de oportunidad” para reforzar el mensaje de que se requieren transformaciones estructurales profundas.

A su juicio, la decisión fortalece la narrativa según la cual ciertas instituciones estarían obstaculizando el bienestar popular, lo que alimenta la dicotomía entre el “pueblo” y sectores que, desde esa perspectiva, se opondrían a cambios de fondo.

Desde el Ejecutivo reconocen que el impacto político será inevitable. El ministro Armando Benedetti afirmó que la determinación tendrá una consecuencia significativa en plena contienda electoral y anticipó que la campaña, hasta ahora considerada por algunos como tibia, podría intensificarse a raíz de este episodio.

Desde el oficialismo, la reacción también ha sido inmediata y, por su parte, el senador Iván Cepeda rechazó la suspensión y la calificó como una medida regresiva que afecta las políticas sociales orientadas a mejorar las condiciones de los trabajadores. En ese mismo tono, convocó a la movilización ciudadana en defensa del aumento salarial.

A su vez, Roy Barreras llamó a respaldar al presidente en las plazas públicas, señalando que la decisión impacta directamente a millones de trabajadores.

Sin embargo, no todos los analistas ven un efecto lineal a favor del oficialismo. Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, recordó que el incremento del salario mínimo tuvo desde el inicio un evidente trasfondo electoral. En consecuencia, considera que su suspensión también producirá efectos políticos, aunque no necesariamente en una sola dirección.

Para Basset, mientras el Gobierno intentará capitalizar la narrativa de que no lo dejaron gobernar, otros sectores podrían interpretar la decisión como un alivio frente a preocupaciones empresariales por el impacto del alza.

A esa misma línea de opinión se une Ángel Tuirán, de la Universidad del Norte, quien advirtió que la controversia desplaza el debate desde el plano técnico hacia uno cargado de simbolismo político.

En su análisis, el efecto final dependerá de qué narrativa logre imponerse: si predomina la defensa del poder adquisitivo y la protección del salario, el oficialismo podría activar a su base social; si, por el contrario, gana terreno la preocupación por la seguridad jurídica y el equilibrio macroeconómico, la oposición podría capitalizar el malestar.