Rechazo de comisión de empalme de Alejandro Eder y veedurías por elección contrarreloj de nuevo director del IPC hasta el 2027

La transformación del Instituto Popular de Cultura, IPC, a una Institución Universitaria se convirtió en el primer paso para que se impulsara, casi a contrarreloj, una Junta Directiva y que a su vez se emitiera una convocatoria de última hora para escoger un nuevo rector en el periodo 2023 - 2027.

Este hecho, que pareciera un simple acto administrativo, ya tiene visos de otro escándalo al interior de la Alcaldía de Cali, ya que miembros del Comité de Empalme del alcalde electo Alejandro Eder y veedurías ciudadanas advierten que este movimiento lo que busca es dejar anclada en el cargo a una persona cercana al alcalde Jorge Iván Ospina, se trataría de Carolina Romero, actual directora del IPC.

“Lo primero que debió hacer el actual Alcalde es una convocatoria pública para conformar la Junta Directiva de la Institución Universitaria, no para elegir al rector o rectora que sea de sus simpatía. Si miramos el manual de funciones prácticamente lo están amañando para que la actual rectora vuelva y quede hasta el 2027, cuatro años más”, denunció Anthony Parra, quien hace parte del Comité de Empalme del nuevo alcalde.

A esto se suma, según Parra, que el IPC no se ha liquidado como tal para dar paso a su nuevo carácter de Universidad. Cabe mencionar que el Instituto Popular de Cultura es una entidad que se financia con recursos de la Administración Municipal.

“La convocatoria está claramente amañada y faltando pocos días para que se acabe esta Alcaldía de Jorge Iván Ospina no es apropiado. Hoy usted le pregunta a cualquier estudiante o trabajador del IPC y nadie se da cuenta que están haciendo una convocatoria pública, la mayoría están en vacaciones, nadie se da cuenta si la rectora sale elegida para cuatro años y la junta directiva para dos años”, sostuvo.

Parra complementó que de manera preventiva van a entablar todas las acciones judiciales para poder frenar este proceso de convocatoria pública, “no es legal”, reiteró.

Las reparos a este nombramiento, según los expertos, surgen por dos factores: los requisitos al cargo están diseñados para que la actual rectora del IPC, Carolina Romero, sea una de las candidatas que cumpla con ellos, pero, además, la convocatoria se realiza a menos de 11 días de que culmine la administración de Jorge Iván Ospina.

“Ese convocatoria tiene una serie de exigencias y requisitos que están direccionados para que sea la actual directora del IPC (Carolina Romero Jaramillo) la persona que pueda a llegar a ser elegida en ese cargo (del 2023 al 2027). Ahí lo único que le faltó a Ospina fue poner como requisito es que el nuevo director del IPC haya sido de su administración y su amiga cercana, solo eso faltó para que la cosa quedara suficientemente clara. Desde ya le digo, que si esto sucede nosotros en la veeduría vamos a denunciar ese proceso”, dijo el abogado Elmer Montaña.

Todo se ve más claro, según conoció El País, por los tiempos anómalos de la convocatoria. El cronograma de esta fue publicado recién el 19 de diciembre, y el cierre de la misma está programado para hoy 21 de diciembre. Es decir, menos de tres días para aplicar al cargo, un tiempo breva.

Todo esto se estaría llevando a cabo para poder posesionar al nuevo rector o rectora este mismo 26 de diciembre, con lo que se completaría un aviso de convocatoria y un proceso de contratación de tal importancia en menos de una semana.

El abogado Elmer Montaña añadió que la ciudadanía está ante lo que se conoce como una convocatoria sastre, es decir, que está expresamente diseñada para que sea una persona o un oferente el único que pueda lograr llenar el pleno de condiciones.

Señaló que lo que está haciendo Jorge Iván Ospina ya no tiene presentación; “esto lo que demuestra es la falta de pudor, de respeto, de recato de Ospina por la Ley, por las instituciones, por la ciudad, por el cargo de alcalde. Deshonró Ospina la investidura de gobernante de la ciudad hasta el último minuto”, dijo.

Complementó que lo que se esperaría es que una decisión de este tipo deba ser tomada por el nuevo mandatario de los caleños (Alejandro Eder), considerando que esta persona estaría nombrada en el cargo para todo el periodo de gobierno entrante.

“No debió haber hecho esa convocatoria y sobre todo en esos términos, acomodados para lograr dejar en ese cargo a la persona que él quiere. Él debió haber permitido que el nuevo alcalde, como es lógico suponer, fuera el encargado de la toma de esa decisión”, sentenció el jurista.

Este medio se comunicó con el Departamento de Comunicaciones de la Administración Municipal con el fin de obtener un comentario frente a la denuncia, sin embargo, este no se ha recibido hasta el momento.