¿Quién está detrás de la demanda que obligaría a Cali a pagar $26.000 millones?

El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali concluyó que los terrenos donde fue construida la Carrera 70 entre calles 10 y 13C, no pertenecían al Municipio.

Más de $26.000 millones estarían obligados a pagar el Municipio de Cali y Metrocali a un grupo de ciudadanos por la supuesta utilización ilegal de predios de su propiedad para el desarrollo de una vía en el sur de la ciudad.Así quedó consignado en una sentencia emitida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali en la que se concluyó que los terrenos donde fue construida la Carrera 70 entre calles 10 (Autopista Sur oriental) y 13C, no pertenecían al Municipio sino a los antiguos propietarios de una hacienda ubicada en el sector.La decisión, proferida por el juzgado el pasado 7 de marzo de 2012, le dio la razón, en primera instancia, a los herederos de la Hacienda La Martina, propiedad de la familia Rojas Bravo, que ocupaba un amplio sector del sur de la ciudad, ubicado entre las Carreras 56, Carrera 80 y Autopista Suroriental, cuadrante en el que se encontraban incluidos los predios utilizados para la adecuación de la Carrera 70.El fallo responde a una demanda instaurada por los herederos de La Martina, identificados como Rafael Rojas Bravo, Clara Isabel Rojas Bravo y otros tres familiares de los antiguos dueños, el 10 de febrero del 2004. En ella solicitaron una reparación directa por considerar detrimento a su patrimonio por parte del Municipio “derivado de la ocupación permanente de un inmueble que fuera de su propiedad con ocasión de la construcción de una obra pública”, afirma la sentencia.Los hechosLa falta de un trámite administrativo para que los predios en cuestión quedaran a nombre del Municipio es el punto principal por el que el juzgado le dio la razón a los particulares. Todo empezó en 1963, cuando los dueños de La Martina solicitaron permiso al Municipio para dividir en parcelas la totalidad del inmueble. Fue así como el área de La Martina se fragmentó en doce partes, siendo la duodécima parcela congelada por parte del Municipio para destinarse, en proporción a sus metros cuadrados, a la adecuación de vías públicas y zonas verdes, a cambio del permiso para dividir el inmueble.La defensa“Para esta parcela, que fue escriturada por los dueños de la hacienda a favor del Municipio, quedó claramente establecido su uso. Era responsabilidad de ese propietario hacer la cesión del terreno correspondiente. Por eso no se entiende que sean ellos mismos los que salgan a demandar”, explicó Javier Pachón, director Jurídico de la Alcaldía de Cali.Cuando Metrocali construyó la Carrera 70 entre calles 10 y 13C, entre el 2001 y 2002 “la entidad pidió, en ese entonces, un informe a la Oficina de Ordenamiento Urbanístico en el que se dio constancia que los predios a intervenir estaban destinados a vías públicas y zonas verdes”, indicó el director jurídico de Metrocali, Luis Alfredo Gómez.De acuerdo con la Administración local, las pretensiones de la demanda serán apeladas en los próximos días, entre otras cosas, por encontrarse irregularidades en el avalúo de predios para calcular los $26.000 de reparación directa y porque el mismo dueño solicitó que no se le cobrara Valorización sobre ese predio, por ser del Municipio. Así, se ordenó realizar un estudio de titulación sobre la zona además de levantar un nuevo avalúo catastral para los predios en cuestión. Ambos estarían listos en unos dos meses y estarán a cargo de la Dirección Jurídica de la Alcaldía, Planeación, Infraestructura y Metrocali.Mintrabajo multó a la UTR&TPor supuestas violaciones a los derechos laborales, el Ministerio del Trabajo emitió una multa para la Unión Temporal Recaudo Y Tecnología, UTR&T, empresa encargada del recaudo del Sistema de Transporte Masivo, MÍO. Yiovanny Saavedra, directora regional del Ministerio de la Protección Social, indicó que se trata de una sanción de 45 salarios mínimos mensuales vigentes (más de $25 millones) impuestos por irregularidades denunciadas por las taquilleras del MÍO. “Esto es una decisión en primera instancia y ellos tendrán la oportunidad de apelar la decisión”, manifestó la funcionaria.El País intentó contactar a los directivos de la UTR&T para conocer su reacción frente al tema pero prefirieron guardar silencio al argumentar que “este tipo de situaciones se discuten directamente con el Ministerio”.