Por presuntas faltas disciplinarias formulan pliego de cargos contra Milton Castrillón

Al concejal se le sigue un proceso disciplinario por supuestamente recibir dinero para favorecer a terceros. La Procuraduría Regional inició una investigación hace algunos meses.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el concejal y precandidato a la Alcaldía de Cali, Milton Castrillón Rodríguez, quien habría cometido presuntas faltas disciplinarias en el ejercicio de su cargo. El País conoció que a Castrillón Rodríguez, la Procuraduría Regional, a cargo del abogado Javier Fernández Botero, le inició una investigación disciplinaria hace algunos meses, tras recibir una denuncia de que éste habría cobrado un dinero a empresarios por unos trámites ante el Concejo, lo que se podría constituir en una falta calificada inicialmente como gravísima con dolo y posiblemente derivaría en una conducta ilícita de cohecho impropio. Los hechos, que se hicieron públicos en octubre del 2009, cuando en el CAM circularon documentos, entre ellos uno donde el abogado Diego Ramos trata de persuadir a Castrillón para que devuelva la suma de $56 millones que habría cobrado a los empresarios Amparo Abadía Torne, María Victoria Pacheco, Javier Minota y Hugo Arias a finales del año 2007, por los supuestos trámites. Según la denuncia, los tres comerciantes le habrían pagado la suma mencionada a Milton Castrillón por supuestamente gestionar y tramitar un proyecto de acuerdo para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y cambiar el uso del suelo en el Oriente de Cali.Lo que se pretendía, de acuerdo con la denuncia, era incluir en el proyecto que dio vida a las fichas normativas del Oriente unos cambios, con el fin de que se permitiera construir estaciones de gasolina en separadores viales.Por esa situación el Concejal, dice la Procuraduría, “habría incurrido en falta disciplinaria por haber probablemente desplegado una conducta que podría constituir un cohecho impropio”, al haber supuestamente recibido el dinero citado.Para el Ministerio Público, con su actuación, posiblemente el concejal Castrillón infringió la norma contenida en el Artículo 34 numeral 8 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario) que establece que los servidores públicos deben desempeñar sus funciones sin pretender u obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones de ley, al igual que el Artículo 406 del Código Penal, que se refiere a la figura de cohecho impropio.El ente investigador es claro al advertir que el disciplinado por ser servidor público tiene la obligación de cumplir la Constitución y la Ley en el desempeño de su cargo, sin solicitar remuneración adicional a los honorarios por asistir a las sesiones del Concejo de Cali. Tras ser consultado sobre su situación, Castrillón Rodríguez aseguró en un comunicado que él no ha sido llamado a versión libre por parte de la Procuraduría.“Debo afirmar que ese proceso fue archivado en la Fiscalía de Cali el 21 de diciembre del 2009 por considerar que las pruebas aportadas carecían de soporte y veracidad”. Según el Concejal, lo que se busca es afectar su buen nombre y su campaña política “alegando que habría un cohecho impropio, situación que desconozco porque no he sido llamado a versión libre”. En caso de que se le notifique o se le llame, el edil aseguró: “Asistiré para demostrar que lo que se dice obedece a acciones políticas que quieren frenar mis aspiraciones”.Pese a que Castrillón Rodríguez aseguró que no ha sido notificado, El País pudo confirmar en la Procuraduría que el pasado viernes, a través de su abogado, se notificó del proceso. Asimismo, se conoció que el Ministerio Público no estaba obligado a llamar a versión libre al disciplinado. De acuerdo con la ley, el Concejal tendrá 10 días, contados a partir del pasado viernes, para presentar sus descargos y solicitar las pruebas que crea necesarias. El fallo preliminar en este caso se conocería en julio u agosto.Cargos contra exdirectorLa Procuraduría General de la Nación también formuló pliego de cargos contra Edwin Ramiro Peña Arenas, exdirector del Hospital Mario Correa Rengifo, por haber terminado unilateralmente un contrato.El caso tiene que ver con la decisión del entonces funcionario de terminar un contrato de prestación de servicios que se tenía con la empresa Servialimentos Limitada, sin que existieran las causales para ello.De acuerdo con la Procuraduría, con esa decisión, posiblemente se habrían violado principios de la Ley 80 -de contratación pública-. El entonces Director también omitió los procesos de selección objetiva al escoger un nuevo contratista, por lo que la falta sería gravísima con dolo.