Piden revisar polémico fallo sobre compra de pantalla del estadio Pascual Guerrero

Decisión de Alto Tribunal dejó sin efecto una de las sanciones por sobrecosto en la compra de la pantalla del Estadio. Polémica.

La Procuraduría 165 Judicial interpuso una “solicitud de revisión eventual ante el Consejo de Estado”, al fallo del Tribunal Administrativo del Valle, que dejó sin piso la sentencia que obligaba al Fondo Mixto del Deporte y la firma B&T Trading a reintegrar al Municipio de Cali $804 millones.Esos dineros, según el fallo inicial del Juzgado Tercero Administrativo de Cali que el 26 de noviembre de 2013 condenó al Fondo Mixto y a B&T Trading, habrían sido gastados de más en la compra del tablero electrónico del estadio Olímpico Pascual Guerrero por la Administración del exalcalde Jorge Iván Ospina.El fallo del Tribunal que revertió la decisión del juez tercero administrativo es la segunda instancia de una acción popular interpuesta por Víctor Maya, Procurador 165 Judicial, y cuyos argumentos fueron acogidos en primer término por ese despacho judicial.Los afectados impugnaron dicha determinación y el proceso pasó entonces a manos del Alto Tribunal del Valle.Como en su momento lo reveló la Unidad Investigativa de El País, el escándalo estalló en medio de la remodelación que el anterior Alcalde de Cali hizo al estadio de la ciudad con dineros del Municipio, los cuales entregó en administración al Fondo Mixto a través de múltiples convenios.Aunque para el Juez Tercero Administrativo de Cali, con la compra de la pantalla se “vulneraron los derechos colectivos a la moralidad y el patrimonio público al omitir los precios y las condiciones del mercado, acordando en el contrato valores que superaron exageradamente el promedio de precios del bien”, de acuerdo con el fallo emitido el 19 de agosto por los magistrados Franklin Pérez, Oscar Valero y Ramiro Ramírez del Tribunal del Valle, “se revoca la sentencia y se niegan las pretensiones de la demanda”, lo cual quiere decir que ni el Fondo Mixto ni B&T Trading tendrán que reintegrar un solo peso.Los jueces del Tribunal del Valle califican como “débil” el acervo probatorio del juicio de primera instancia y la oportunidad en que fueron trasladados tres procesos sancionatorios que diferentes autoridades adelantan por la compra de la pantalla. Uno cursa en la Contraloría de Cali, otro más en la Dian y el último en la Procuraduría.Los tres magistrados fundamentan su decisión en un error de procedimiento. “La prueba reina sobre la cual se basa la sentencia de primera instancia fue incorporada al proceso de manera extemporánea”. Se trata de un dictamen pericial de la Contraloría de Cali el cual tasa el sobrecosto en la compra de la pantalla en $804 millones.Y aunque señalan que no se van a pronunciar de fondo, cuestionan la manera en que los organismos de control establecieron el valor detrimento, las multas y condenaron a los implicados.Ante esta decisión el procurador Maya interpuso la solicitud de revisión ante el Consejo de Estado.Argumenta Maya que “el Tribunal del Valle no tuvo en cuenta que la Acción Popular tiene preferencia (como la Tutela) pues está encaminada a que cesen la vulneración o el agravio de los derechos colectivos”. Según el procurador 165 judicial, los magistrados no valoraron que “el peritaje del precio de la pantalla fue pedido en los términos de ley pero no se realizó por las distintas entidades públicas, en una clara falta de solidaridad, circunstancia ajena al demandante lo que conllevó a pedir que se tuvieran en cuenta las otras pruebas”. Por este mismo caso la Dian impuso una multa al importador (B&T Trading) en julio de 2012, cuyo valor asciende a $564 millones debido a que “declaró la mercancía por $87 millones, un menor valor frente a los $1.195 millones” que esa entidad determinó.Javier Reina, director seccional de la Dian en esa época dijo que “la operación significó que el importador solo pagó al Estado por concepto de tributos aduaneros la suma de $48.930.000, cuando debió cancelar $483.762.000, razón por la cual se hizo acreedor a la sanción”.Por su parte la Contraloría de Cali adelanta un juicio de responsabilidad fiscal contra los funcionarios que participaron de ese negocio por el presunto detrimento patrimonial. Consultado sobre la decisión del Tribunal del Valle, Gilberto Zapata, Contralor de Cali, afirmó que “ese concepto no amarra los demás procesos, el nuestro continua por eso ya embargamos las cuentas de algunos implicados como medida preventiva en caso de ser condenados”. Además, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública adelanta una investigación disciplinaria contra el exalcalde y varios funcionarios de su Administración que participaron.Breve historia de una dudosa adquisiciónEste diario dio a conocer las presuntas irregularidades en la compra de la pantalla el 20 de marzo de 2011. Dos años antes, el alcalde Ospina dispuso $1428 millones a través del convenio #103-2009 para esa compra. Lo que esta casa periodística documentó fue que el valor total pagado por la empresa B&T Trading, que importó la pantalla desde China en enero de 2009 (seis meses antes de firmar el contrato), fue de $112 millones. Así quedó en la declaración de importación certificada por la Dian. En ese precio iban incluidos 20 módulos, un video procesador, un computador de control, un monitor Led, parlantes y amplificadores, así como accesorios y repuestos, de acuerdo con el registro de importación fechado el 28 de septiembre de 2009. También se publicó la factura de venta #1137 con que B&T Trading le cobró al Fondo Mixto del Deporte los $1399 millones que terminó costando al Municipio dicho equipo.