Opinión: Proteger la educación

Este vocablo, que tiene múltiples acepciones y sentidos, está hoy sufriendo un atentado incriminatorio, injusto e innecesario. En Colombia, la educación tiene que estar por encima de los partidos políticos, las comunidades religiosas, los intereses del poder institucional, gremial o de los sectores empresariales.

La educación siempre es un bien supremo que no puede doblegarse a ideologías de derecha o de izquierda. Su misión principal es enseñar a pensar, enseñar a convivir en la diferencia y, en este sentido, permitir que su movilidad pedagógica circule en hogares, escuelas, colegios y universidades de forma asertiva y propositiva.

Cabe recordar que la educación tiene dos principios constitutivos. El primero, desdoblar en los ciudadanos acciones altamente éticas para que su tránsito por la vida sea placentero y gratificante. Es decir, que su actuación en la sociedad sea adecuada, transparente y ecuánime. En segunda medida, la educación es la mayor herramienta de conocimiento que la sociedad dispone para abrazar la paz, fomentar la democracia o usar el diálogo para la convivencia pacífica.

Si, por el contrario, la educación se polariza y se politiza, se corre el alto riesgo de empujarla a un abismo sin retorno y, de paso, también hacer retroceder al país a épocas de incertidumbre y desesperanza. No cabe duda de que la apuesta debe ser por una buena educación, por una educación de alta calidad, por una educación como derecho fundamental con cobertura universal, por una educación de la inclusión y las oportunidades; porque ya sabemos que, décadas atrás, la educación de bajo capital cultural se ha naturalizado y sus resultados son preocupantes: pauperiza la economía cotidiana, instituye las pobrezas zonificadas, fomenta las contrariedades que agendan los comportamientos violentos e instala una sociedad de malas prácticas.

Presidente electo Abelardo De La Espriella y ministra designada Vivian Morales: es plausible, en pleno siglo XXI, llamar a un diálogo nacional amplio y abierto por la renovación de la educación, donde se discutan, sin sectarismos ni dogmas, el devenir de la educación y el desarrollo de las políticas educativas de cara al país que sigue; un país que pide una constituyente educativa para la transformación social, más ciencia e innovación, revisar la cantidad de asignaturas escolares, los tiempos efectivos de clase, la calidad administrativa y la eficiencia, la dignificación de los actores, una mayor financiación integral del sistema e indudablemente, salvaguardar el derecho constitucional de los niños, niñas y jóvenes.

Priorizar la educación como asunto de interés nacional es, tal vez, pensar en la protección del último y más importante motor de progreso y desarrollo público del país. No se puede arrodillar la educación a los vaivenes de quienes la retuercen para exprimirla con ánimo de provecho político electoral.

La propuesta es sencilla: se pueden instalar, en las bibliotecas, universidades, colegios públicos y privados, mesas de discusión académica, comunitaria y ciudadana para adelantar las modificaciones legislativas en el Congreso de la República que hagan de la educación colombiana un eje de equidad y movilidad social para toda la población.

La solicitud desde el Valle del Cauca radica en fortalecer una inversión razonable, eficiente y oportuna para cumplir los desafíos que la región demanda y cerrar brechas de desigualdad. En últimas, señor presidente, lo que está bien en materia educativa se debe mantener; lo que no, se debe someter al debate y modificar.

*Columna de opinión escrita por José Darwin Lenis Mejía, Ph. D. En Educación de la Universidad del Valle. Ha sido profesor invitado a seminarios en la Universidad George Washington en Estados Unidos y en las maestrías en educación en las siguientes Universidades: Icesi, San Buenaventura, Industrial de Santander, Francisco de Paula Santander, y profesor del doctorado en Educación Santiago de Cali.