Los pleitos que se esconden detrás de la fachada del edificio Vida de Cali

Tras del imponente edificio de colores en el sector de Imbanaco se ocultan los pleitos de 120 empresas e inversionistas que sirvieron al proyecto y llevan años esperando que les paguen.

Tras la fachada imponente y colorida del edificio Vida, ubicado en el corazón del barrio San Fernando, se levanta el que es para algunos el proyecto médico más ambicioso construido en la ciudad, pero para otros el causante del mayor daño económico ocasionado por una firma constructora en muchísimos años.La enorme estructura no solo soporta dos torres de once pisos con más de 300 consultorios y una clínica que entrará a operar en dos semanas; también el drama de un centenar de empresas e inversionistas que pusieron su capital a disposición del proyecto y que una vez terminado se encontraron con que el constructor se había declarado insolvente para cancelar todas las deudas.En total, según los documentos conocidos por El País y con los cuales Jaime Cardona Canal, representante legal de C & C Arquitectura e Ingeniería S.A., se declaró ante la Superintendencia de Sociedades en Ley 1116 o de Insolvencia, son 519 las obligaciones vencidas con 120 acreedores y que suman una deuda superior a los $104.600 millones, incluidos $55.000 millones que se le adeuda a sociedades que también figuran a su nombre.Pero si bien bancos y algunos proveedores afectados tenían el músculo financiero para soportar más de tres años sin recibir un solo centavo, varias de las empresas pequeñas y medianas, con facturas entre los $10 millones y $500 millones, debieron enfrentar el drama de salir a buscar créditos e hipotecar sus bienes para evitar la quiebra de sus negocios.“Aquí hay una realidad oculta porque no solo nos falló el constructor; a nosotros nos falló Corficolombiana que era la fiduciaria que se suponía que nos estaba cobijando; además ha sido muy extraña la defensa que ha hecho la misma Superintendencia de Sociedades del señor Cardona Canal. Parece que los malos somos quienes pusimos todo para que él levantara gratis su edificio”, aseguró uno de los mayores acreedores del Edificio Vida bajo reserva de su identidad.“Las cosas hay que llamarlas por su nombre; el edificio Vida se operó como una pirámide en la que el constructor captó desde un millón hasta diez mil millones y luego se cruzó de manos a decir que no tiene plata. ¿O cómo se explica que el edificio costaba $100.000 millones, se vendieron completas las dos primeras torres y hoy las deudas están por $104.000 millones. ¿Dónde está la plata de las torres vendidas?”, indicó el abogado de uno de los acreedores y que está en desacuerdo con que se aceptara el ingreso del constructor a Ley 1116.Cambios sobre la marchaEn medio del universo de dudas y preguntas de los acreedores, la única versión que tienen de las causas de lo ocurrido es una supuesta improvisación del constructor sobre el diseño original del proyecto.La idea inicial contemplaba la construcción de las torres A y B para consultorios; la torre C sería destinada para un centro comercial especializado en temas de salud, un minicentro de convenciones y una plazoleta de comidas.Sin embargo, la firma C & C Arquitectura e Ingeniería decidió a último momento, y por petición de un grupo de médicos, que en la Torre C se levantaría una clínica, lo que redujo los ingresos y aumentaba los gastos para la implementación y dotación de la misma, pero para entonces ya estaba en mora con algunas obligaciones y se desencadenó una suerte de pánico económico que dio al traste con toda probabilidad de poner en funcionamiento la clínica.En su defensa, el arquitecto Jaime Cardona Canal le aseguró a El País que esta crisis no se generó por falta de dinero sino de tiempo. “Todo lo relacionado con las dos primeras torres se pagó, pero cuando arrancamos a construir la clínica vino el problema de Saludcoop y los bancos se pararon de una y no prestaban un peso más para el tema de salud”.“Nosotros debimos salir a buscar dinero con financieras privadas y los tiempos se nos aumentaron; y justo cuando íbamos a empezar a operar se vencieron dos créditos y uno de ellos mandó una carta a la fiduciaria pidiendo ejecutar las garantías y pese a que pedimos más tiempo, que lo aceptaron incluso los bancos, este señor se negó y eso obligaba a tener que liquidar la clínica por cualquier $20.000”, explicó el arquitecto. Agregó que la decisión de entrar a Ley 1116 fue justamente para “blindar” el dinero de la gente y su patrimonio propio. “Uno entiende que hay gente muy dolida porque no ha recibido su dinero y que a raíz de eso se ha generado mucha especulación, pero a mí también me duele porque son mis amigos, es la gente que me dio la mano para construir, pero era la única manera de garantizarles los pagos y hoy pueden tener la tranquilidad de que la plata está segura porque si dejábamos rematar se habría perdido todo”.El abogado Víctor Hugo Vallejo, quien fue durante 25 años el asesor externo de C & C Arquitectura, explicó que “es un error decir que eso está quebrado; eso quebrado no está; la clínica es un activo de la sociedad y es la que va a permitir cancelar las deudas; pero por encima de todo, está el edificio Vida que es un proyecto muy exitoso”.De hecho, antes de que la Superintendencia de Sociedades aceptara la insolvencia de las tres empresas relacionadas con Jaime Cardona Canal (C & C Arquitectura e Ingeniería, Vida Centro profesional y Vida Zonas Francas de Salud), entre el 2013 y el 2014, la fiduciaria realizó tres intentos por vender la clínica, incluso muy por debajo de su precio, pero no hubo interesados.“No hubo interesados por las irregularidades que ha habido en torno al caso. Es que la plata no se la entregaron a Jaime Cardona Canal, se la entregaron a la fiduciaria y resulta que Corficolombiana entregó certificados de garantía a los inversionistas que excedían el valor del inmueble; eso es gravísimo”, señaló el representante legal de una de las firmas que terminó afectada.El País intentó hablar con un representante de Corficolombiana en Cali y en Bogotá y la respuesta fue que devolverían la llamada en cualquier momento y al cierre de esta edición aún no había respuesta.Pero el malestar de los acreedores no para ahí. Para ellos Cardona es juez y parte en el proceso porque los $55.000 millones que se adeudan a empresas vinculadas a él y a su familia le garantizan también los votos necesarios para tomar cualquier decisión con la sociedad y sin necesidad de consultar con los verdaderos afectados con la supuesta falta de flujo de caja.Al respecto, Cardona Canal aseguró que el juez ha sido la Superintendencia de Sociedades que ha fiscalizado absolutamente todo y que, como ordena la ley, está garantizando que todo el dinero que cancele la clínica vaya al pago del capital y que él no recibirá ni un peso hasta que no se pague la deuda.¿Está o no en quiebra?Por más que la Superintendencia admitió en el 2014 la insolvencia de las tres sociedades vinculadas al constructor, los intentos que realizó durante los días previos a entrar en cesación de pagos por abrir nuevos proyectos dentro y fuera del país dejaron un manto de dudas sobre la supuesta insolvencia de la empresa.Primero, la creación de una sociedad en Panamá llamada Vida Centro Profesional Panamá S.A. y luego el lanzamiento del proyecto Vida Centro Profesional Cartagena, los cuales nunca llegaron a concretarse.El País indagó en Panamá sobre la sociedad Vida Centro Profesional, constituida el 1 de marzo del 2010 en la Notaría Novena de la ciudad capital con el certificado No. 693026, y encontró que además del arquitecto Jaime Cardona Canal, quien es el director de la sociedad, figuran el abogado Víctor Hugo Vallejo como presidente y Mónica Renjifo Polanco, quien actuaría en calidad de tesorera.Justamente, la señora Rengifo Polanco es también la contadora que preparó los balances del edificio Vida Centro Profesional entre los años 2008 y 2009, según documentos acopiados por la Unidad Investigativa de este diario.No obstante, Víctor Hugo Vallejo aseguró que “eso fue una sociedad que nunca echó para adelante”. “Esa sociedad se creó porque hubo un diálogo con inversionistas en Panamá con el fin de crear también Vida en Panamá, pero la verdad es que esa sociedad nunca arrancó. Se tenía simplemente como para darle antigüedad al nombre para cuando se concretara el proyecto. Pero allá no se llevó ni un peso; eso es papel”.“Es que la gente en la angustia y la desesperación, y no puedo desconocer que tiene que haber gente que quedó en muy malas condiciones económicas porque les quedaron debiendo mucha plata, empiezan a argumentar”, agregó.Sobre ese tema en particular, el arquitecto Cardona aseguró que sí se pensaba en concretar esos negocios porque lo de Cali era un éxito y se pensaba replicar ese cluster médico dentro y fuera del país.Explicaciones que no aceptan muchos de los afectados porque consideran que el proyecto en general tenía unas garantías que hasta la fecha no ven de qué les sirvió.Críticas a la leyAnte los reparos que varios de los acreedores han hecho al proceso de insolvencia porque consideran que no están justificadas las elevadas deudas ni la veracidad de todas las cuentas por pagar, Cardona Canal indicó que “de lo que puede tener certeza todo el mundo es que esto no es un cuento de que yo me quebré para adentro”.Sin embargo, muchos de los acreedores consideran que la Ley 1116 “es una ‘sinvergüencería’ porque en este caso lo que hizo fue avalar una jugada poco clara y ha blindado al constructor de una forma, que no ha permitido que los bancos le embarguen ningún bien al señor; y mientras nosotros pasamos dificultades con empresas que han sido bien habidas, el constructor se da la gran vida social en Cali y Bogotá y a nosotros nos va a tocar esperar 15 o 20 años para que nos paguen lo que nos deben”.“Todos los documentos de la empresa y del proyecto son públicos y mi oficina está abierta para quien quiera revisarlos; nosotros tenemos la visita constante y la vigilancia de la Superintendencia verificando que las cosas se estén realizando bien”, insistió Cardona Canal.Samuel Bedoya, otros de los inversionista del proyecto, celebró el plan de reestructuración de pasivos que ha permitido que entre en operación la clínica “porque a los que no teníamos ningún respaldo nos asegura un ingreso y que se recuperará, si Dios quiere, la inversión; esto nos ha afectado, pero hoy sentimos que la plata está asegurada”.Por el contrario, otra de las acreedoras del proyecto asegura que “a mí por desgracia me toca pasar todos los días por el edificio de colores y el bendito semáforo siempre me para al frente; ya ahora no le veo nada de bonito y siempre me toca acordarme que fue ahí donde me robaron”.La tabla de salvación sería la misma clínicaEl único recurso al que se pueden aferrar hoy los acreedores para recuperar su dinero es el acuerdo logrado para que dentro de dos semanas empiece la firma bogotana Desa S.A., filial del Instituto de Diagnóstico Médico, Idime, a operar la clínica y a prestar unos servicios que están ya contratados con las EPS en Cali.Con ese propósito, Idime ha invertido cerca de $30.000 millones para terminar la clínica, tras cinco años en obra gris, y será el operador del centro médico durante los próximos 30 años, según el acuerdo.El médico Darío Bernal Rueda, director científico del Instituto de Diagnóstico Médico, Idime, explicó que la idea es que del total de la facturación mensual se destinará el 6% para el pago de acreedores en los términos que lo señala la ley.“Nosotros prestamos una plata para poner viable la clínica, pero nosotros no tenemos nada qué ver con la Ley 1116 en la que entró el constructor; somos unos operadores que le vamos a reportar a la Superintendencia y el dinero que cancelemos cada mes no irá al señor Cardona sino a cumplir obligaciones laborales, de impuestos y el pago de acreedores”, indicó Bernal.Los estudios que se han hecho sobre la clínica, señalan que liquidarla, como algunos han solicitado, sería más dañino aún para los pequeños inversionistas y acreedores porque los bancos y los grandes empresarios son los primeros que aseguran su plata y el daño sobre los pequeños puede ser mayor.Julián Guerra, director de la banca de inversiones LTI Colombia y quien fue el agente externo que preparó el proyecto de salvamento que permitiría que la clínica empiece a operar, explicó que lo que hicieron fue preparar una simulación financiera muy conservadora y pensando en una posibilidad de ocupación de la clínica de solo un 60%, porcentaje del cual se destinó el 6% del valor de los ingresos del operador para la reestructuración del pasivo.“Lo que tiene de importante este acuerdo es que todos los excedentes que produzca el arrendamiento, y que va a administrar la Fiduciaria Bogotá, si los hubiera, van para pagar las acreencias de capital de los siguientes años; es decir, el proyecto está para que se terminen de pagar todas las deudas en el 2030, pero si la clínica funciona bien, se puede pensar que el repago de capital se haga entre 8 y 15 años”, dijo Guerra.Sin embargo, supo El País que en este momento está en marcha un proceso con una firma estadounidense que permitiría que los pasivos de la clínica se puedan pagar, incluso, al final de este año.Al ser consultado el constructor sobre ese tema en particular, aseguró que existe un preacuerdo del que no quiere dar mayores detalles para no generar expectativas, “pero la idea es que la gente reciba cuanto antes su dinero y que ojalá quieran convertirse en socios de la clínica”.“Es importante aclarar que la deuda de la clínica está en poco menos de $50.000 millones porque el dinero que me adeudan a mí, no se tiene que pagar; eso es parte del capital y figura en el acuerdo porque es requisito de la ley para entrar en Ley 1116”, aclaró Cardona Canal.Envuelto en el embrollo con las vigencias futurasLa última vez que se había ventilado el nombre del constructor Jaime Cardona Canal fue durante la contratación de las polémicas vigencias futuras extraordinarias que tramitó el entonces gobernador del Valle Juan Carlos Abadía Campo.Cardona Canal era para entonces el representante legal del consorcio Mi Valle y en medio del escándalo le fue otorgado un contrato de concesión por $170.051 millones para hacer los estudios, los diseños y la construcción de las obras de infraestructura y servicios públicos en 26 de los 42 municipios del Valle durante 132 meses. Es decir, hasta el 2021 y por los que al final el Departamento terminaría pagando cerca de $342.272 millones, el doble del valor.Sin embargo, al ser designado Francisco Lourido como gobernador, se decidió el 22 de diciembre del 2011 dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato No. 003 del 2010 y proceder a la liquidación del contrato de concesión.Entonces el Departamento debió cancelar más de mil millones de pesos al constructor para dar por terminado el contrato; sin embargo, el 9 de octubre del 2012, cuando ya había sido elegido Ubéimar Delgado como gobernador, el consorcio impuso una nueva demanda arbitral contra el Valle en la que buscó obtener una nueva indemnización por más de $15.000 millones.Con la defensa del Departamento en cabeza del entonces secretario Jurídico del Valle, Germán Marín Zafra, se logró definitivamente frenar las aspiraciones de Mi Valle sin necesidad de incurrir en nuevos pagos para el Valle.“Yo fui gerente del proyecto hasta cuando se volvió inviable porque le pegaron esa sacudida impresionante a Abadía y luego de que desprestigiaron todo el tema de las vigencias futuras, los bancos se negaron a prestar”, indicó el abogado Víctor Hugo Vallejo.Según el consorcio Mi Valle, los gastos en los que incurrieron estuvieron por el orden de los $6500 millones porque solamente en los diseños de las 41 obras se gastaron $4200 millones que no lograron nunca recuperarlos.