La 'historia de terror' de la restitución de un lote en Pance que nadie quería firmar

Ninguna decisión tomada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali ha despertado tanto temor entre sus funcionarios como la resolución 310 del 29 de junio de 2016.

Nadie en esta dependencia se atrevió a investigar, intervenir, opinar o mucho menos firmar este fallo que ordena devolverle al Municipio un terreno de 40.748 M2 ubicado en el sector de Pance y que amaneció cercado a mediados del 2011 por un particular que reclamaba su propiedad con documentación falsa.

Y no era para menos. Detrás del lote de Matrícula 370-507548, que era hasta entonces una zona verde para el disfrute de los residentes de Pance, hay una historia de presión, engaños, amenazas de muerte y la hipótesis de que fue por oponerse a intereses de particulares con este terreno que asesinaron en enero de 2009 a la inspectora de Policía Olga Lucía Becerra.

“Ella se opuso a ejecutar la orden de un juzgado que ordenaba entregarle este parque a una mafia que se dedicó a adueñarse de predios del Municipio con ayuda de bandidos infiltrados en algunas notarías, en Catastro y en Instrumentos Públicos. Aunque la doctora Becerra tenía casos muy complicados, este en particular le generaba mucha inquietud”, aseguró un abogado que trabajó de cerca con la inspectora y que pidió no revelar su identidad.

Con los antecedentes conocidos entorno a este caso, a mediados del 2012 el entonces superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, ordenó investigar la tradición del predio y, para firmar el fallo, tuvo que darle una licencia de tres días a un funcionario de Instrumentos Públicos del Meta para que viniera a Cali y firmara como registrador ad hoc.

“Es un caso en el que se estaban robando literalmente un parque y no hubo ningún registrador que fuera capaz de firmar eso. Yo me traje a un funcionario de los Llanos y lo encargué exclusivamente de ese caso y le quitamos la tierra a un tipo al que le tienen miedo porque amenazaba a todo el mundo”, recordó el exsuperintendente de Notariado Jorge Enrique Vélez.

Fuentes en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali le aseguraron a El País que “desde hace muchos años sabíamos que toda la documentación con la que se registró ese lote a nombre de un particular era falsa, pero nadie se atrevía a meterle mano al caso porque uno no sabe quién es el que está detrás de esto”.

La apertura de un nuevo folio de matrícula ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali se realiza básicamente mediante una sentencia judicial, por medio de resolución administrativa o presentando la escritura pública.

“Este caso es tan complicado que cuando salió la resolución devolviéndole el terreno al Municipio, tuvimos que llamar a la Alcaldía porque nadie quería venir a notificarse y luego mandar cartas hasta que apareció un abogado”, dijo otro funcionario.

Aunque fue solo hasta el año pasado que la Superintendencia de Notariado y Registro decidió sellar el asunto del lote en Pance, los documentos siempre han dejado ver claramente las irregularidades que se cometieron para trasladarle este terreno, avaluado en más de $20.000 millones, a Jaime Parra Aristizábal y luego a Óscar Oswaldo Reyes.

La escritura original, firmada en la Notaría 2 de Cali el 30 de abril de 1979, dice que esta zona verde fue cedida al Municipio, a través del Fondo Rotatorio de Tierras Urbanas, como compensación por parte de Parcelaciones La Finca y el documento fue firmado por Ernesto Lloreda Zamorano.

Tomando como base esa escritura pública, realizaron otra que supuestamente se firmó el 6 de noviembre de 1979 en la Notaría 7 de Cali, en la que ya Lloreda Zamorano no le cede el terreno a la ciudad sino que opta por vendérselo a Jaime Parra Aristizábal.

Lo que no encaja en esta historia es que la escritura que carece de sustento jurídico, según funcionarios de Registro, tenga fecha del 6 de noviembre de 1979 y que se ‘registrara’ ante Instrumentos Públicos en febrero de 1995. Es decir, 16 años después de comprado y justo cuando el único que podía testificar la venta, Ernesto Lloreda, según certifica la Registraduría Nacional, ya había fallecido.

Igualmente, encontró El País que el notario habría apuntado al final de la escritura el código de las hojas en las que se realizó dicha escritura y si bien la primera página tiene el número correcto, la segunda hoja no coincide con ese consecutivo y el paz y salvo que se anexa es el mismo que presentó Ernesto Lloreda Zamorano cuando le cedió el terreno al Municipio.

Además, para la apertura de la matrícula inmobiliaria 370-507548, el 23 de febrero de 1995, no se habría presentado copia de la escritura, que es el documento base para la apertura del folio. Y para esa fecha las matrículas iniciaban en 370-495185, lo que significa que la No. 370-507548 se creó cuatro meses antes de entrar a la Oficina de Registro.

Igualmente, Instrumentos Públicos tiene un cuaderno en el que se registran los turnos para la radicación de las escrituras públicas y en este caso dice que le correspondió el turno 1995-1124 y al revisar ese número, se encontró que no corresponde a una apertura de folio sino a un oficio de gravamen de valorización que es exento de pago.

Si la matrícula inmobiliaria fuera original, debió haber cancelado unos derechos de registro que correspondían al 5 x 1000 del valor total de la venta y el 11,4% del valor en la boleta fiscal.

Con todas estas irregularidades cometidas, un día después de que abrió el número de matrícula 370-507548 sale también de la Notaría 7 de Cali la escritura 0536 del 24 de febrero de 1995 en la que Jaime Parra Aristizábal le acababa de vender el lote de Pance a Óscar Oswaldo Reyes Quijano.

Coincidencialmente, y como si alguien adentro de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se hubiera prestado para estas irregularidades, para hacer esta segunda anotación en el recién creado folio tampoco se presentó copia de la escritura ni aparece la constancia de inscripción.

En el 2011 fueron capturados dos empleados de la Notaría Séptima de Cali porque estaban realizando escrituras falsas por las que cobraban $2 millones.

El turno para la radicación de la escritura tampoco concuerda en Registro con las fechas, sino que corresponde también al original de un oficio de gravamen de valorización que estaba exento de pago, por lo que tampoco canceló derechos de registro.

En Fiscalía figura una denuncia del año 2007 que presentó Óscar Oswaldo Reyes Quijano, quien ha insistido en que es comprador de buena fe, en el que denunció a Jaime Parra Aristizábal por la supuesta compra del lote de Pance que nunca recibió. El problema es que esa denuncia la presentó tres años después de que Parra Aristizábal había muerto, como lo certifica la Registraduría Nacional.

“Uno esperaría es que en un caso como este se investigue a todo el mundo porque cómo es posible que con la información tan clara sobre las irregularidades con que pretendían despojar al Municipio de este lote, en el 2011 el Juez Cuarto Civil del Circuito de Cali ordenara entregarle el terreno a Óscar Oswaldo Reyes que porque era el legítimo dueño”, cuestionó una fuente.

Al consultar en bases de datos oficiales resulta casi inverosímil que el señor Reyes Quijano, nacido un Día de los Inocentes de 1948, hubiera tenido los recursos para comprar esta zona verde en el exclusivo sector de Pance, avaluada en más de $20.000 millones.

Reyes Quijano figura, según la base de datos actualizada en el 2016 por el Sisbén, como residente de un sector popular en el municipio de Jamundí y con un puntaje de 47,15; razón por la cual cuenta con régimen subsidiado de salud y es apto para recibir subsidio integral de tierras y hacer parte de programas de oportunidades rurales por su nivel de pobreza.

Pero el nombre de Jaime Parra Aristizábal, el supuesto primer comprador del lote en Pance, no es desconocido para las autoridades judiciales en la capital del Valle.

En otra de las investigaciones que adelantó la asesinada inspectora de Policía Olga Lucía Becerra, en la cual debía esclarecer la propiedad del lote en el que operaba el autocine del barrio El Limonar, apareció también un supuesto propietario de nombre Hernando Ruiz Ríos, quien le compró el terreno a Jaime Parra Aristizábal.

Allí se encontró que el terreno fue supuestamente adquirido por Parra Aristizábal en 1983 y solo lo registró doce años después, también en 1995, en la Oficina de Instrumentos Públicos. Lote que también habría vendido a los pocos días con otra escritura hecha en la Notaría 7 de Cali.

Contra Parra Aristizábal fue proferida también en el año 2000 una orden de captura por los delitos de estafa y falsedad en documento público y ya había sido condenado en 1995 por el Juzgado Primero de Cali por falsedad material de particular en documento público y estafa.
En ese caso, se encontró responsable de falsificar dos escrituras de la Notaría 3 de Cali en las que supuestamente, compraba un predio de propiedad de los señores Ángel y Artemo Franco. Luego, registró el terreno y se lo vendió al tiempo a dos personas, por lo que fue condenado en septiembre de 1995 a 60 meses de prisión.

Sobre el caso del lote en Pance, luego de que fue emitida la Resolución 310 del 29 de junio de 2016, donde Instrumentos Públicos de Cali ordenó devolver el terreno al Municipio, el particular que alega ser comprador de buena fe apeló la decisión y en segunda instancia la Superintendencia de Notariado y Registro confirmó la decisión de primera instancia.

“La Superintendencia confirmó en la apelación que presentó el particular lo que decidió la Oficina de Registro y en este momento el caso está para ejecutoria. Lo que procederá en los próximas días es que vamos a cerrar la matrícula espuria, la 370-507548, y queda como único folio el que se firmó cediendo el lote al Municipio en 1979”, indicó un funcionario de Registro.

Vecinos del lote en Pance celebraron que la zona verde vuelva a la ciudad y esperan que el Municipio proceda a levantar el cerco que permanece en el lote y dos avisos en los que asegura que el predio es una ‘propiedad privada’.