Investigan millonaria compra de motos para la Secretaría de Movilidad de Cali

La Personería de Santiago de Cali abrió una investigación disciplinaria contra la Secretaría de Movilidad del Distrito por presuntas irregularidades en el proceso contractual para la compra de motocicletas, cuyo valor asciende a $4.021.839.192.

Según informó el Ministerio Público, la investigación se origina tras un análisis preliminar del contrato firmado por Santiago Moncayo Velásquez, actual secretario de Movilidad, el cual tenía como objeto la adquisición de motocicletas de diferentes cilindrajes para el fortalecimiento de las labores operativas de la entidad.

Desde la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, Defensa y Protección del Interés Público se decidió trasladar el proceso a investigación disciplinaria, al evidenciarse posibles deficiencias en la planeación contractual.

Entre los principales hallazgos preliminares se encuentra la falta de un estudio detallado de precios de mercado, la ausencia de una estructura clara de costos y la imposibilidad de establecer con precisión la cantidad exacta y el valor unitario real de los vehículos.

Adicionalmente, la Personería identificó cuestionamientos frente a la adición presupuestal y la prórroga del contrato, las cuales, según el análisis, habrían sido sustentadas en circunstancias previsibles que debieron ser contempladas desde la etapa precontractual.

Estas situaciones, de acuerdo con el ente de control, podrían comprometer los principios de planeación, economía, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, así como la adecuada protección de los recursos públicos. Por esta razón, se dio apertura formal a la investigación disciplinaria con el objetivo de determinar posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados en el proceso contractual.

En paralelo, el Concejo de Santiago de Cali elevó la polémica al señalar la existencia de un presunto sobrecosto en la compra de motocicletas, lo que motivó a algunos cabildantes a solicitar la intervención de los órganos de control para verificar si hubo detrimento patrimonial en el proceso.

Ante esta petición, los miembros del Concejo pidieron que entidades como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina de Control Interno de la Alcaldía verifiquen de manera exhaustiva el proceso, para determinar si existieron fallas en la planeación, ejecución o supervisión del contrato.

Los cuestionamientos incluyen también denuncias de presunto detrimento patrimonial, al considerar que la Secretaría de Movilidad habría pagado valores significativamente superiores a los precios de mercado por los vehículos adquiridos, un tema que, según los concejales, requiere una revisión detallada.

La investigación disciplinaria de la Personería, por su parte, busca establecer responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados en el proceso contractual, con base en las irregularidades detectadas en la planeación y estructuración del mismo, que podrían afectar la adecuada protección de los recursos públicos.