Contratación en la pandemia en Cali, en la lupa de la Contraloría

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Contratación en la pandemia en Cali, en la lupa de la Contraloría

Julio 13, 2020 - 11:45 p. m. Por:
Redacción de El País

La contratación de mercados en Cali durante las primeras semanas de la pandemia, que fue coordinada por la Secretaría de Bienestar Social, es uno de los aspectos que está revisando actualmente la Contraloría General de la Nación.

Jorge Orozco - El País

La no publicación de los procesos contractuales en las plataformas públicas, el pago del IVA en artículos que están exentos de este impuesto y la falta de verificación de la idoneidad de los contratistas son algunos de los hallazgos encontrados durante las auditorías realizadas por la Contraloría a 104 contratos pactados por el Municipio y organismos descentralizados como Emcali y las ESE, durante la emergencia por Covid-19.

Se trata de auditorías a 91 contratos celebrados bajo la figura de la urgencia manifiesta, por $58.982 millones; y a 13 más por contratación de emergencia realizados por Emcali, por $5417 millones. En total, los procesos suman $64.399 millones.

De acuerdo con la contralora Municipal, María Fernanda Ayala, se han terminado seis visitas fiscales a entidades oficiales y hay once visitas en curso para revisar los procesos de contratación. Hasta el momento, el ente de control ha emitido 80 pronunciamientos favorables, tres desfavorables y otros ocho están en revisión. En total se han encontrado 31 hallazgos administrativos, 11 disciplinarios y 2 fiscales.

“En las secretarías de Bienestar Social y Salud la comunidad ha sido muy insistente. Hemos recibido denuncias en torno a los mercados, en cuanto a su distribución y entrega, por la misma complejidad de la contratación”, afirmó la Contralora Municipal, quien manifestó que se están revisando aspectos como si el objeto de los contratos atendió las causas de urgencia manifiesta, la idoneidad del contratista, los costos pactados y si cada contrato tuvo impacto.

Actualmente restan cuarenta contratos por ser evaluados. Veinte de ellos se concentran en la Secretaría de Bienestar Social, cinco convocan a la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Comunicaciones y el Departamento Administrativo de Contratación Pública; cuatro procesos contractuales en el Dagma, tres en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, tres en la Secretaría de Seguridad y Justicia, dos en la Secretaría de Movilidad. Asimismo, en la Secretaría de Salud, la ESE Centro y el Departamento Administrativo de Hacienda se encuentra en revisión un proceso contractual en cada dependencia.

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La Contraloría concluyó que los tres conceptos desfavorables emitidos hasta el momento por el ente de control se centran en una sola dependencia: el Dagma. Allí se firmaron cuatro contratos usando la figura de urgencia manifiesta que sumaron $505 millones; y los pronunciamientos desfavorables obedecieron a procesos relacionados con la contratación de servicio de transporte para empleados que realizarían funciones operativas; otro se centró en la prestación de servicios logísticos y uno más en un contrato para prestar el servicio de comunicación a través del sistema Avantel.

De otra parte, en la Secretaría de Salud se encontraron siete hallazgos administrativos, de los cuales cuatro tienen connotación disciplinaria y dos fiscal. Ayala explicó que entre las anomalías detectadas se estableció que no se publicó la totalidad de la información de los contratos en la plataforma oficial para esta labor (Secop), se reconocieron valores por concepto de IVA a un contratista por bienes que están excluidos del tributo y, además, no se pudo constatar el suministro de almuerzos y refrigerios a beneficiarios. En sí, la Contraloría encontró un presunto detrimento de $25 millones.

Para el concejal Milton Castrillón hay inquietud por la baja ejecución de recursos, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. “La Secretaría de Salud ha celebrado 22 contratos por $2506 millones, pero a esa dependencia se le han girado $19.000 millones. No entiendo porqué trasladan esos recursos y se ha contratado tan poco. ¿Dónde está la emergencia por Covid?, ¿por qué no se han ejecutado los recursos?”, cuestionó.

De acuerdo con la Contralora, la revisión de seis contratos relacionados con la atención de Covid-19 ya fue asumida por la Contraloría General. De estos, dos fueron suscritos bajo la figura de urgencia manifiesta y tienen un valor de $1194 millones, mientras que otros cuatro correspondientes al desarrollo de planes estratégicos suman $1435 millones.

Entre esos procesos contractuales se destaca un contrato por $1050 millones realizado por la Secretaría de Bienestar Social para la adquisición de mercados.

Emcali y la “dudosa necesidad” de comprar portátiles

Una de las entidades que también está en la mira de la Contraloría es Emcali, que si bien no hace uso de la figura de urgencia manifiesta, sí contrata por emergencia. En la entidad se encontraron doce hallazgos administrativos, cinco tienen connotación disciplinaria.

En total, Emcali realizó, hasta el 15 de mayo, contratos por $5417 millones con el fin de poner a disposición de sus trabajadores insumos de desinfección; realizar actividades de comunicación y comprar equipos para teletrabajo.

Precisamente, uno de los contratos más llamativos fue el de la adquisición de 884 computadores portátiles, por un valor de $3004 millones, que se habría realizado sin verificar la capacidad jurídica del contratista.

Además, dichos equipos Emcali los habría recibido el 30 de marzo, pero su entrega a los funcionarios se tardó más de un mes, “lo cual no genera certeza de la adecuada utilización de la contratación de emergencia y pone en duda la necesidad de esta compra”.

De acuerdo con la Contraloría “la entidad no cuenta con la rigurosidad para la revisión que debe hacerse en los procesos contractuales”.

Para la concejala Natalia Lasso es “preocupante” que de los 13 contratos suscritos por Emcali “casi todos tienen un hallazgo y coinciden con que la empresa no está publicando en su página la totalidad de los documentos para el proceso de contratación. Este no es un asunto menor, dice mucho de lo que está sucediendo al interior de la empresa, porque los responsables no están cumpliendo su deber... esto deja en evidencia prácticas sistemáticas e irregulares que pueden derivar en casos graves de corrupción y detrimento”.

La cabildante añadió que “la compra de cada computador costó, en promedio, $3,4 millones y se compraron sin justificarlos. ¿Por qué si cada empleado tiene un computador asignado no se le permitió llevarlo a su casa?”.

Ante esto, el gerente de Abastecimiento de Emcali, Arturo Fernández, manifestó que los computadores fueron adquiridos teniendo en cuenta un estudio previo de obsolescencia realizado por la Administración anterior, pues hay equipos en la compañía que tienen hasta ocho años de uso.

“En enero, cuando nos posesionamos, encontramos un contrato de renta suspendido para alquilar los computadores. Ese contrato ascendía a $10.000 millones, sin embargo, en febrero hicimos un estudio y hallamos que la compra de la misma cantidad de equipos costaba $3000 millones”, afirmó el funcionario.

Fernández señaló que el retraso en la entrega de los equipos obedeció a que debieron ser revisados, programados y sometidos a la instalación de sistemas operativos de la empresa. “Si la compra se hubiera hecho de manera normal, habría tardado entre cuatro y cinco meses, cuando hay procesos que no los podemos parar”, dijo.

Aun faltan por revisar cuarenta contratos entablados por diferentes dependencias de la Administración Municipal bajo la figura de urgencia manifiesta para atender asuntos en la pandemia.

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