"No es un mico, es el zoológico completo": dicen en el Concejo de Cali sobre el Plan de Desarrollo

Luego del segundo día de estudio del Plan de Desarrollo para el periodo 2020 - 2023 que la Alcaldía de Cali entregó al Concejo, no son menores los reparos que algunos ediles ya hacen. La liberal Diana Rojas y el conservador Fernando Tamayo están entre los que se muestran inconformes con la propuesta.

Aseguran que en esta se solicita facultar al alcalde Jorge Iván Ospina "para no tener que llevar a aprobación de la Junta Directiva de la ciudad los proyectos estratégicos".

"Un concejo sin voz ni voto, es la propuesta del alcalde (...) Más que un mico, es un zoológico lo que quieren meter”, repara Diana Rojas y explica que de ser aprobado, tal y como está, el mandatario podría modificar políticas adoptadas por administraciones anteriores, renegociar la deuda actual de Municipio (que asciende a $600  mil millones), e incluso expropiar predios sin el correspondiente estudio del Concejo.

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Según la cabildante, la administración de Jorge Iván Ospina se está presentando como un gobierno autoritario al desconocer la labor de los concejales y advierte que “aprobar estos artículos del Plan, es igual que cerrar el Concejo de Cali”. Por eso insistió en que se requiere un estudio detallado y minucioso.

Otros de los puntos sobre los que Rojas llama la atención son:

La posibilidad de modificar a responsables e indicadores del Plan de Desarrollo que apruebe el Concejo, enajenar bienes fiscales del Municipio sin estudio, realizar modificaciones en el POT, autorizar asociaciones entre la empresa pública y privada, sin el aval de la Comisión de Entidades Descentralizadas y modificaciones en los estatutos de la Emru, sin aprobación de la entidad.

“Me eligieron para ponerle freno y desatornillar irregularidades, y concederle estas facultades al alcalde es entregar un cheque en blanco”, asegura.

Rojas se mostró especialmente preocupada por el hecho de que las autorizaciones no contengan un plazo para ser utilizadas, situación que manifiesta es ilegal, pues corresponde a transferir ilimitadamente las funciones constitucionales del Concejo de la ciudad, sin retorno.

En el mismo sentido se expresó el concejal Fernando Tamayo al afirmar que la solicitud "trasciende la hoja de ruta del gobierno local actual".

Aunque el edil resalta la importancia de que la administración pública pueda ser eficiente en momentos de crisis, como el derivado de la pandemia por el coronavirus, “esa premisa no puede ser justificación para que el Concejo le entregue todas las facultades, dejando sin pesos y contrapesos la gobernabilidad local. Me preocupa que en tiempos de crisis se quiera concentrar el poder”.

Y asegurá que facultades de este tipo nunca fueron solicitadas por gobiernos anteriores en los planes de desarrollo.

“Es entregarle un cheque en blanco al alcalde para que tome decisiones sin conocer exactamente qué quiere hacer porque el plan de desarrollo tiene temas gruesos, no están a nivel de detalle”, afirma.

Y pese a que para el cabildante conservador es normal que los alcaldes pidan facultades para mover el presupuesto o declarar bienes privados de utilidad pública, "no es normal es que se pidan por los cuatro años. Se piden por meses o incluso a un año, pero no por lo que dura un gobierno".

Tamayo explicó que es necesario que los proyectos del Municipio pasen por el cabildo local para garantizar la construcción colectiva y que se conozcan pros y contras en cada caso.

"Yo confío en el alcalde, pero estas facultades me dejan el sinsabor que él no confía en su junta directiva, que es el Concejo”, aseveró.

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El director de Hacienda Municipal, Fulvio Leonardo Soto, informó que la hoja de ruta de inversiones del gobierno de Jorge Iván Ospina será de $24,4 billones, pero señala que solo se proyectan ingresos de $11,8 billones.

Sobre esto, Tamayo explicó que no es segura la realización de proyectos porque la mitad de la financiación corresponde a posibles ingresos por utilidades de Metrocali, Emcali o la participación en negocios privados.

“Son $12 billones que esperamos que se consigan de actores externos. Y peor aún es creer que Metrocali de utilidades, cuando nos piden $900.000 millones para subsidiar la tarifa, o que Emcali entregue dividendos cuando no hizo en trece años de intervención, ni en los ocho años transcurridos después que la devolvieron”, acotó.

Otra de las pretensiones de la Administración es el reperfilamiento de la deuda pública, asumida en 2018 con el fin de obtener mayor solvencia económica, a través de alivios financieros ofertados por la banca nacional.

Actualmente dichos pagos están programados así: $112.678 millones en 2020, $187.981 millones en 2021, $173.011 millones en 2022 y $158.041 millones en 2023.

Tamayo señala al respecto que en el Plan de Desarrollo se anuncia “que este año pagarán $28.000 millones, pero no se nos explica cómo se va a renegociar esa deuda ni cuáles son los alivios de la banca nacional”.

Y aunque en la propuesta se plantea solicitar un nuevo crédito público de $450.000 millones, los recursos no serían suficientes para cubrir el desfase de $12 billones, indica.

“No estoy seguro de que se haya aterrizado financieramente el Plan de Desarrollo con el impacto económico de la pandemia por el Covid-19. Destaco que este sea ambicioso, pero tiene que ser real desde el punto de vista económico para que pueda materializarse en lugar de generar expectativas a la ciudadanía que luego no se puedan ejecutar”, afirmó.