Concejal Juan Felipe Murgueitio: “Hay una mala concepción de lo que es la autonomía universitaria”

Durante décadas, la autonomía universitaria ha sido uno de los principales argumentos en el debate sobre la actuación de la Fuerza Pública dentro de los campus.

En medio de los disturbios que se presentan de manera recurrente en inmediaciones de la Universidad del Valle, el alcance de ese principio vuelve a estar en el centro de la discusión: ¿hasta dónde llega la autonomía de una universidad pública y qué ocurre cuando dentro o alrededor de ella se presentan hechos que podrían constituir delitos?

Sobre ese debate habla el concejal de Cali Juan Felipe Murgueitio, quien durante más de diez meses realizó una investigación basada en derechos de petición, entrevistas, reportería y revisión de documentos para analizar el fenómeno de los disturbios en Univalle.

En entrevista con El País, expone sus hallazgos, cuestiona las respuestas entregadas por la universidad y la Fuerza Pública y plantea la necesidad de establecer con mayor claridad los protocolos de actuación cuando se presentan situaciones de violencia y flagrancia.

¿Por qué decidió realizar esta investigación?

Creo que son múltiples los factores que nos llevan a esto. El principal, definitivamente, es un sentimiento de frustración e impotencia ante la falta de acción de las autoridades.

Ni la Universidad del Valle ni la Secretaría de Seguridad y Justicia ni la Gobernación del Valle ni la Alcaldía ni la Policía les han dado respuesta a los vecinos, a los estudiantes que no son capuchos y a todas las personas que se ven afectadas todos los jueves y cada vez que ocurre un desmán.

De alguna manera, recogimos ese sentimiento de impotencia y frustración y dijimos: siempre nos dicen que el tema está sobrediagnosticado, pero yo nunca he visto un informe, una investigación o un trabajo conciso, de verdad, de personas que se hayan tomado el trabajo de revisar qué es lo que está pasando y por qué la falta de acción.

Uno de los puntos más llamativos de la investigación es la respuesta de la Universidad del Valle donde afirma que la Fuerza Pública puede ingresar al campus cuando hay flagrancia...

Para mí, de todos los hallazgos que encontramos en este informe, lo más preocupante es justamente lo que menciona. Tenemos varias respuestas de la universidad en las que nos dicen que, efectivamente, la autonomía universitaria impide que la Fuerza Pública pueda entrar y actuar. Pero tenemos una sola en la que nos responden que la Fuerza Pública tiene la obligación de ejercer control cuando hay flagrancia de delitos.

La respuesta de la Policía se contradice y va en el mismo sentido de las otras respuestas de la universidad, excusándose de alguna manera, lavándose las manos, con la autonomía universitaria.

Eso, para mí, es supremamente preocupante y delicado, porque evidencia la falta de comprensión del concepto de autonomía universitaria y de cómo esa muletilla ha servido para que, durante casi 40 años, estemos viviendo con células terroristas dentro de un campus universitario público, financiado con recursos de los impuestos de los colombianos, para, de nuevo, preparar ‘papabombas’, aterrorizar a la ciudadanía, lanzarlas y dañar la infraestructura pública.

Cuando van a hacer un disturbio, a la empresa de seguridad privada la sacan de las puertas y toman el control de los ingresos. Y cuando la Policía va por ellos, se encierran, cierran las puertas que están controlando ellos mismos y hasta ahí llegó el cuento.

Entonces, esa contradicción evidencia, de nuevo, la falta de comprensión del concepto de autonomía universitaria y una falta de responsabilidad con los deberes que tiene la Fuerza Pública.

Esa respuesta de la Universidad del Valle a nosotros nos muestra y nos permite afirmar, sin miedo a equivocarnos, que en la Constitución está explícitamente enmarcado y así lo ha dicho la misma Corte Constitucional: la autonomía universitaria no incluye el delito.

Cuando hay flagrancia, la Fuerza Pública no solamente puede entrar: tiene que hacerlo. Es su deber constitucional garantizar los derechos de las personas pacíficas.

¿Por qué cree que esta respuesta de la Universidad del Valle, que reconoce la posibilidad de ingreso de la Policía al campus en casos de flagrancia, no suele hacerse pública?

Creo que puede haber un par de explicaciones. Lo primero es que el rector no es quien responde ni toma directamente ese tipo de decisiones; es otro funcionario.

Puede ser un funcionario que esté cansado de la situación, que haya cambiado la forma de responder que habían tenido hasta el momento, o puede ser simplemente que, como ya era la cuarta o quinta solicitud de derecho de petición que enviábamos, se hayan visto acorralados porque hemos evidenciado en varias ocasiones las incoherencias del rector cada vez que sale públicamente a hablar del tema.

¿Cree que ha faltado voluntad política de la Alcaldía de Cali para abordar la problemática?

Por supuesto, ha habido una incompetencia y una falta de actuar total por parte de gobiernos de todas las ideologías y de todas las vertientes. Nadie se ha remangado la camisa ni ha puesto el dedo en la llaga frente a lo que sucede en los campus universitarios de Colombia.

Celebramos que el presidente actual haya tomado la decisión y haya hecho un anuncio. Ahora, ¿qué sigue?: que eso se vuelva una realidad, que cambien los protocolos dentro de la Fuerza Pública y que, claramente, cuando haya flagrancia, ingresen, pero que no abusen.

Lo que pasa en Univalle es insostenible. La ciudad ya no da más; está harta de que cada jueves salgan, bloqueen, dañen, asusten, lancen ‘papabombas’, pongan en riesgo vidas y afecten la Fuerza Pública y la movilidad de decenas de miles de caleños.

Entre las siete recomendaciones de su investigación, usted plantea adoptar un protocolo interinstitucional de actuación preventiva y revisar el alcance de la autonomía universitaria frente a escenarios de violencia. ¿Por qué considera prioritarias estas dos medidas?

Para mí, esas son las dos recomendaciones más importantes, porque ahí está el origen de la problemática.

De nuevo, hay una mala concepción de lo que es la autonomía universitaria en Colombia. Durante cuatro décadas nos han vendido el cuento de que los campus universitarios públicos son intocables, que son repúblicas independientes, islas que se mantienen por fuera del orden institucional y constitucional en lo que se refiere al actuar de la Fuerza Pública, y eso es falso. Es un error conceptual gigantesco que han asumido las rectorías de las universidades públicas, el estudiantado, la Policía, el Ejército, las alcaldías y las gobernaciones.

Ese error está siendo desmontado en este momento por el Presidente actual, por denuncias como la nuestra y por ejercicios como el de un representante a la Cámara que ha presentado un proyecto de ley para acabar con el tema de los capuchos.