Atentado en el Batallón Pichincha genera fuertes reacciones de rechazo; exigen resultados urgentes frente a la escalada terrorista

La tranquilidad del sur de Cali se vio interrumpida la mañana de este viernes 24 de abril de 2026 por un nuevo acto de barbarie. Un bus acondicionado con artefactos explosivos, específicamente cilindros bomba, fue detonado en las inmediaciones del Batallón Pichincha.

Aunque el reporte oficial confirma que, milagrosamente, no hubo víctimas fatales ni heridos, el hecho ha provocado una tormenta de reacciones que exigen un cambio radical en la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional.

Según la Personería de Cali, dos cilindros cayeron dentro del cantón, pero no detonaron, lo que evitó una tragedia humanitaria. Sin embargo, el estallido del bus generó daños en viviendas del sector y sumió a la población en un estado de zozobra que no se puede maquillar con discursos oficiales.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar, siendo una de las más contundentes la de la candidata presidencial Paloma Valencia.

A través de sus redes sociales, la líder política aseguró que este atentado no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de haber cedido el control de los territorios a las estructuras criminales.

Una de las reacciones más polémicas tras el suceso provino del abogado penalista y defensor de derechos humanos, Elmer José Montaña Gallego. El ex fiscal recordó que el 5 de septiembre de 2025 ya había advertido públicamente sobre las graves fallas de seguridad en el perímetro de este mismo batallón, una denuncia que, según él, fue ignorada por las autoridades locales y nacionales.

Montaña Gallego relató que, en su momento, observó cómo vehículos particulares se estacionaban frente a la sede militar sin que existiera personal de vigilancia que lo impidiera.

“Es inaudito que pocos días después del atentado en la base aérea, el Ejército no haya redoblado la vigilancia. ¿Por qué le facilitan las cosas al terrorismo?“, cuestionó el abogado, calificando la situación actual como el resultado de una omisión institucional.

El senador Miguel Ángel Barreto condenó el hecho exigiendo justicia: “Estos hechos no pueden quedar en la impunidad. El país necesita seguridad y justicia para proteger a la ciudadanía”.

A estas voces se sumó la del diputado Rafael Rodríguez, quien reveló que apenas tres días antes había solicitado formalmente reforzar los controles en las fronteras del departamento. Rodríguez lamentó que los grupos al margen de la ley sigan sembrando terror en la región y exigió un compromiso real de todas las instituciones para recuperar el orden.

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se estén utilizando buses escolares para fines atroces. Ruiz hizo un llamado a la calma mientras se espera el reporte oficial, pero fue enfático en que los responsables deben ser capturados y pagar con todo el peso de la ley por generar zozobra.

Desde otra perspectiva, el senador electo Christian Garcés criticó duramente el abandono del Gobierno Nacional en zonas críticas como Jamundí. Garcés señaló que la falta de control territorial es el resultado de una política fallida y urgió por la construcción del batallón de alta montaña, proyecto que ya contaría con los recursos pero sigue paralizado.

Desde el ámbito militar, la Tercera División informó que se mantiene el control total del área mediante el uso de tecnología de vigilancia aérea. Equipos de antiexplosivos continúan realizando barridos técnicos para garantizar que no existan más amenazas latentes que pongan en riesgo la vida de los hombres y mujeres de la unidad.

La Alcaldía de Cali ha estado en coordinación con la Fuerza Pública para esclarecer las circunstancias exactas del ataque.