Alcaldía de Cali legalizará 40 asentamientos humanos de desarrollo incompleto; conozca cuáles son

En Cali existen 193 sectores que, aunque tienen más de 10 años de conformación, no son considerados legalmente como un barrio. Responden al nombre de Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (Ahdi).

Algunos de los nombres que aparecen en esa categoría son El Poblado II, Charco Azul y Villa Mercedes.

Teniendo en cuenta esta realidad, la Alcaldía de Cali planea legalizar 40 de estos Ahdi.

“Actualmente hemos avanzado en la primera fase, logrando la procedencia para el inicio del proceso por parte del Departamento de Planeación en los siguientes Ahdi: Sardi, Charco Azul, La Pajarera, Villa Mercado, Villa Mercedes. Estos avances reflejan acciones concretas para recuperar el orden urbano y brindar mayor seguridad jurídica a las familias”, dijo la secretaria de Vivienda de Cali, María del Mar Mozo.

Otros sectores que están en el proceso de legalización son El Poblado II, Los Robles, Cinta Navarro, Tayrona, El Pilar, Líderes III, entre otros (ver mapa en la siguiente página).

“Igualmente nos encontramos adelantando la fase 3 de diagnóstico de los Ahdi El Realengo, Asprosocial, Calipso y Horizontes II, que se espera culminar en el primer semestre del año y así avanzamos hasta llegar a la intervención de los 40 Ahdi priorizados”, expresó la Secretaria.

Al ser considerados Ahdi, estos sectores tienen precariedad en el acceso a redes de servicios públicos, vías en condiciones adecuadas e incluso su habitantes no poseen títulos de propiedad.

Estos vacíos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo, deben estar solucionados al terminar la actual Administración. Lo que quiere decir que se tiene un plazo hasta diciembre del próximo año.

“La intervención de 41 Ahdi para 8 comunas en un área de 143 hectáreas, se estima que beneficiará a un aproximado de 15.256 hogares y 56.452 habitantes. Con la formalización de los territorios se abre la puerta a la inversión del Estado para iniciar con las acciones de mejoramiento establecidas para cada territorio, esto se traduce en pavimentación de vías, conexión a redes de servicios públicos, adecuación de espacios públicos, saneamiento básico a través del mejoramiento de vivienda, entre otros”, puntualizó Mozo.

Las comunas que serán beneficiadas con esta iniciativa son la 1, 4, 13, 14, 15, 18, 20 y 21.

Puntualmente en la Comuna 15 ya se han entregado 61 títulos de propiedad. Mientras que están en curso 1453 procesos más en barrios como El Vallado, Mojica I, Mojica II y El Retiro.

Al considerar que la legalización de los barrios todavía está en proceso, hasta el momento no se tienen proyectos 100 % consolidados a gran escala que garanticen la competitividad de estos sectores.

No obstante, en la actualidad se está desarrollando el Bulevar Figueroa, el cual atraviesa varios de estas zonas de ‘invasión’ y busca otorgar 47.000 metros cuadrados de espacio público de calidad para los habitantes de la Comuna 15.

Puntualmente, en este proceso serán invertidos $ 50.000 millones y en la actualidad se está culminando la fase de estudios y diseños del mismo.

Por otra parte, se inició el proceso ‘Mi Casa Bella’, con el que se mejoran las viviendas de algunos beneficiarios, teniendo en cuenta que la mayoría están construidas en guadua u otros materiales ligeros.

“Actualmente, seis asentamientos se encuentran en proceso de intervención: Tayrona El Pilar, El Valladito, África, El Encanto, Colonia Nariñense y El Retiro”, puntualizó Juan Carlos Guerra, subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización de Cali.

¿Es una incitación a la invasión de predios?

A pesar de que estas zonas tuvieron un origen como invasiones, y en la actualidad varios de ellos están en proceso de legalización, desde la Alcaldía de Cali aclararon que eso no quiere decir que se tolerará la ocupación irregular de predios.

“Las invasiones son ocupaciones repentinas de predios públicos o privados, consideradas delitos o contravenciones, no figuran en los planes de ordenamiento territorial y están sujetas a procesos de restitución.

En ese sentido, no todas las invasiones tienen el derecho de llegar a entrar en un proceso de posterior legalización, ya que se deben cumplir ciertos requisitos.

“Para definir los lugares a priorizar, la Administración realiza un ejercicio de evaluación técnica, jurídica y social en coordinación interinstitucional para garantizar que exista una intervención integral en los territorios, recomendando la intervención al Comité de Direccionamiento que se encuentra conformado por el Alcalde o su delegado, la Secretaria de Vivienda y el Director de Planeación, quien aprueba los asentamientos a formalizar con la legalización urbanística”, precisó Vivienda.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia apoyó la premisa de que en Cali no se permitirá que se desarrollen invasiones, indicando que durante 2025 se realizaron 221 operativos para recuperar 525.696 metros cuadrados de predios públicos invadidos.

“Hubo 13 estructuras desmontadas, 16 zonas de parqueo público recuperadas, 18 restituciones de predios, tanto públicos como privados, demolición de una placa huella y la erradicación de 4 campos de cultivos de girasol”, resaltó Seguridad y Justicia.

Ahora, al hablar de los resultados obtenidos durante este año, se han realizado 25 operativos que resultaron en la recuperación de 1002 metros cuadrados, todo esto traducido en dos zonas de parqueo y la demolición de seis estructuras.

La dependencia aclaró que una invasión puede llegar a ser intervenida de manera rápida durante las 48 primeras horas de haber sido establecida. Ya que, al pasar ese tiempo, el proceso ya debe pasar a manos de un inspector de Policía y cumplir con el debido proceso.

Sin embargo, históricamente en Cali muchos de estos procesos de desalojo por parte de inspectores de Policía han estado varios años en trámite y, en últimas, la invasión termina multiplicando su tamaño hasta el punto de convertirse en un problema mayor.

Las falencias en seguridad

La Secretaría de Seguridad indicó que en los Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto hay factores que representan un reto en materia de seguridad y convivencia, por lo que realizan acciones permanentes junto a la Policía Metropolitana.

Algunos ejemplos son que en estos sectores hay habitantes que deben tomar agua de afluentes o incluso conectarse de manera ilegal a las redes de acueducto. De igual manera, en algunos casos la energía también es tomada de manera irregular.

“Estas condiciones han sido aprovechadas por actores ilegales para instrumentalizar estas vulnerabilidades, especialmente entre población joven. Por eso, venimos interviniendo con un enfoque diferencial y preventivo, fortaleciendo la presencia operativa, el control territorial y las estrategias de prevención del reclutamiento”, agregó Seguridad y Justicia.