Acción popular pararía 134 buses del MÍO por lío con el quinto operador

Un juez decretó suspensión provisional de contratos que amplían la concesión a dos operadores como medida cautelar en demanda por el quinto operador.

La normal operación del MÍO se puso  en entredicho luego de que un juez de la República decretara el pasado 12 de mayo la suspensión provisional de los contratos adicionales que otorgó Metrocali a los operadores GIT y Blanco y Negro Masivo en el año 2011, con la controvertida distribución ‘a dedo’ de la parte que le correspondía al quinto operador del sistema. Lea también: Los grandes operadores del MÍO ampliaron su participación en el sistema

En efecto, la Juez 12 Administrativa Oral del Circuito de Cali, Vanessa Álvarez Villarreal, aceptó una acción popular contra dichos contratos y decretó la suspensión de los mismos como medida cautelar, lo que quiere decir que 134 buses adicionales que habían sido asignados a los dos operadores deberían pararse de inmediato.

La medida cautelar fue notificada a Metrocali, que tenía cinco días calendario para responder por normatividad especial. Pero hasta el fin  de semana  pasado no lo había hecho porque, según dijeron funcionarios de la entidad, no conocían la demanda. 

La acción popular que puso a tambalear la operación del MÍO fue interpuesta por el abogado Néstor Herrera Valencia, quien pide declarar la nulidad de las adiciones a los contratos originales con los dos operadores, por considerar que violan el ordenamiento jurídico y el interés público, toda vez que fueron adjudicados en forma directa por Metrocali, sin mediar licitación, como se estableció originalmente y dejando por fuera a cinco empresas de buses y centenares de transportadores que también aspiraban a hacer parte del MÍO.

Con esta adición de contratos, GIT Masivo incrementó su participación en el MÍO del 25 % al 33 % y pasó de tener 229 a 301 buses, y Blanco y Negro Masivo pasó del 22 % al 29 %, es decir,  de 202 a 264 vehículos. Entre estos dos operadores se distribuyeron los 135 buses que debieron ser asignados al quinto operador a quien le correspondía el 15 % del MÍO.

Antecedentes

Por estos mismos hechos, el 24 de noviembre pasado la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por trece años al entonces presidente de Metrocali, Luis Eduardo Barrera y a su director jurídico, Rodrigo Salazar Sarmiento.  

El Ministerio Público consideró en su fallo que “se violó el ordenamiento jurídico y el interés público con la celebración de las adiciones del 16 y 27 de septiembre de 2011 en los que se asignó a GIT Masivo y Blanco y Negro Masivo la operación de la flota del quinto operador, al prescindir del proceso licitatorio que debió llevarse a cabo para la escogencia del contratista”.

Como se sabe, el 85 % de la operación del MÍO fue adjudicado en noviembre de 2006 a cuatro operadores y se declaró desierto el 15 % restante que correspondía a un quinto operador.

En los pliegos de la licitación se decía que al declararse desierto el proceso se debería hacer una nueva convocatoria 180 días después, lo cual no ocurrió, porque en el desarrollo de la licitación se introdujeron nuevas condiciones. 

Una fue que Metrocali hizo firmar a los participantes la polémica ‘proforma 13’, donde los comprometió a aceptar que en caso de declararse desierta una parte de la licitación, dejarían en manos de Metrocali la asignación directa de dicha porción y, además, los operadores renunciaban a cualquier demanda por esta circunstancia. 

Con base en esto, el 3 de diciembre de 2010, cuatro años después de haber sido declarado desierto el proceso licitatorio, el presidente de Metrocali, Luis Eduardo Barrera, sometió a consideración de su Junta Directiva la situación del quinto operador. Adujo que se avanzaba en la construcción de la Troncal de Aguablanca y era necesario acudir al 15 % de la flota pendiente de adjudicar. Pero no hubo decisiones.

El 29 de abril de 2011 en reunión de Junta Directiva, Barrera volvió a plantear la necesidad de la escogencia del quinto operador, “pero la Junta no tomó decisión alguna”, como advirtió la Procuraduría. 

Pese a ello, una funcionaria declaró lo contrario. En una certificación signada por Marcela Calderón Gutiérrez, secretaria general de Metrocali, el 20 de octubre de 2011, se dijo que “en forma expresa y en desarrollo del número 4.4 del orden del día de la sesión de Junta del 29 de abril de 2011 se estableció la opción de distribuir el quinto concesionario dentro de los actuales operadores del MÍO”.

 Al revisar el acta respectiva se ve que, en realidad, esa decisión no se tomó. Por eso para los investigadores aquí habría una trampa. Además de que lo certificado por Calderón no es veraz, como advierte el Ministerio Público, resulta que el acta referida presenta una grave inconsistencia y es que el estudio del quinto operador no estaba incluido en el orden del día de dicha reunión.

Extrañamente, en el acta de Junta aparece dos veces el punto 4.4 del orden del día: uno tratando el tema del informe de explotación económica del sistema de recaudo (que sí estaba incluido en la discusión), y otro sobre el quinto operador y tarifa técnica, que no figuraba en el orden del día.

Metrocali no ha dado explicaciones suficientes sobre esta inconsistencia. Al preguntarle sobre la acción popular por la asignación del quinto operador, se limitó a responder que “cursa una acción popular ante el Juzgado 9 Administrativo Oral de Cali , proceso que se encuentra pendiente de proferir fallo de primera instancia”, y agrega que “para el mes de abril del 2015 se cerró la etapa de alegatos de conclusión de los cuales Metrocali hizo uso”.

Pero ahora aparece esta nueva acción popular que ordena parar el 15 % de la flota del MÍO, cancelar la adición del contrato a dos operadores y reabrir la licitación. La medida cautelar tiene en jaque al sistema.

Una concesión que enreda a operadores Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo, por su parte, indicó que de darse la suspensión ordenada por la juez habría que parar 150 buses del sistema, lo que terminaría agudizando la calidad del servicio del MÍO.  Aseguró que el proceso de adición de flota que hizo Metrocali en 2011 se cumplió de acuerdo a los términos legales que existían  y con base en la  ‘proforma 13’ de la licitación inicial, que generó tanta controversia entre los proponentes. Por su parte, directivos del Grupo Integrado de Transporte, GIT, prefirieron no referirse al tema.  El operador ETM, entre tanto, había solicitado a Metrocali desde el 4 de mayo de 2012, revocar de mane- ra oficiosa la adjudicación directa vía adición de contratos de la concesión del quinto operador y pidió  a la Procuraduría y la Personería  investigar a los funcionarios responsables.   Unimetro, a su vez, no  quiso participar en su momento de la adición de los contratos  hoy  cuestionados.  Según analistas, es probable que la vinculación del quinto operador hubiera ayudado a evitar muchos  problemas que hoy tiene el MÍO, ya que habría otro inversionista en el sistema que ayudaría a aliviar la carga financiera que soportan los grandes operadores. Y porque los transportadores que hoy están por fuera del sistema haciendo paralelismo al MÍO y detrás de las demandas contra Metrocali, harían parte de la solución y no de los problemas del transporte masivo de Cali.