Día internacional del migrante: La flexibilización debe ser la norma

Por David Matos, periodista de El País.

Este lunes 18 de diciembre se conmemoró el Día Internacional del Migrante, una fecha importante para reivindicar los derechos fundamentales de las personas que transitan o permanecen en territorios de acogida en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Especialistas en derechos humanos coincidieron en la flexibilización de las normas migratorias para las personas migrantes, especialmente las dirigidas a poblaciones vulnerables que requieren de protección internacional.

Todos las personas en algún momento han sido migrantes, por razones laborales, académicas o incluso por el interés de conocer nuevos destinos, las personas voluntariamente deciden dejar sus territorios y emprender nuevos proyectos. También existen las personas que por razones ajenas a su voluntad se ven en la necesidad de huir de sus pueblos y dirigirse a lugares dentro o fuera de sus países.

El profesor Pablo Fernando Garzón, director de la Maestría de Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia, considera que los Estados deben promover políticas públicas encaminadas a la integración socioeconómica de las personas migrantes a través de oportunidades reales de trabajo, emprendimiento, educación y salud.

“A través del Estatuto Temporal de Protección para personas migrantes de Venezuela, Colombia apoya significativamente a las personas en tránsito y con vocación de permanencia. Sin embargo, resulta necesaria una flexibilización en los mecanismos de regularización para las personas que continúan llegando, con el fin de realizarse como personas productivas en el país”, dijo Garzón.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) precisó que la migración venezolana puede incrementar en 4,5% el Producto Interno Bruto (PIB) de los países de acogida como Colombia, Chile, Ecuador y Perú, a través de políticas adecuadas de cohesión que permitan a las personas migrantes ingresarse a la fuerza laboral con trabajos calificados y bien remunerados.

A través de un informe del FMI, publicado en diciembre de 2022, se proyectan beneficios importantes en estos países a mediano plazo en materia de productividad y crecimiento, a partir de un alineamiento correcto entre el capital humano de los migrantes y los puestos de trabajo.

En torno a la flexibilización institucional, Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB-CDH), coincide con el profesor Garzón al afirmar que aun predomina una rigidez en las normas migratorias para las personas venezolanas.

Bolívar, quien también es responsable del área de Derechos Humanos de UCAB-CDH, considera que las normas migratorias deben ajustarse a medidas humanitarias destinadas a grupos poblacionales desagregados con necesidades de protección internacional.

“Hay que diferenciar al extranjero que viajó por voluntad propia y con una cuenta bancaria en euros o en dólares, del migrante que huyó caminando de su territorio o con escasos recursos. Tenemos menores, hombres y mujeres, personas mayores, personas LGBTIQ+, en fin, perfiles que requieren un registro y una categorización para atenderlas de manera efectiva”, dijo.

Ambos especialistas aseguran que las personas migrantes de Venezuela se movilizan porque esperan encontrar en los países de acogida oportunidades de crecimiento y seguridad que no fueron garantizadas en su territorio.

Bolívar explica que los gobiernos venezolanos despojaron a las personas de su condición de ciudadanos en los últimos 25 años y, por ende, resulta importante que estas personas recuperen la noción de derechos en los países receptores, con el fin de que pierdan el miedo y se empoderen en la construcción de una cultura ciudadana integral.

En este sentido, Garzón considera necesaria la promoción de campañas de sensibilización que permitan entender la migración venezolana como una situación de carácter humanitario para que gobiernos, empresarios del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, la academia y la población de acogida garanticen, a través de prácticas integrales, la protección de esta población.