4 de cada 10 empresas en Colombia contratan a personas venezolanas

La segunda medición sobre las percepciones empresariales en torno a la inclusión de población sensible al conflicto, una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), destacó que 36% de las empresas colombiana (4 de cada 10) contrató a migrantes venezolanos en los últimos dos años, y 88% aseguró que volvería a contratar a estas personas; lo que se traduce en un capital humano que puede hacer crecer cualquier negocio.

Esta realidad fortalece una premisa que comparten Edwin Maldonado, secretario de Desarrollo Económico de Cali y Miguel Suárez, coordinador de investigaciones y proyectos de la FIP: diálogo y promoción en garantía de la integración socioeconómica y cultural de las personas procedentes de Venezuela en Colombia.

5% de la población que habita en Cali ha generado una mayor demanda de bienes y servicios. Así lo aseguró Edwin Maldonado, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, quien explicó que la migración venezolana repercutió en un aumento de la actividad económica y en la generación de empleo para la población local.

En este sentido, Maldonado afirmó que la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali fortalece iniciativas que fomentan la generación de empleo y la promoción de emprendimientos de personas migrantes y colombianos retornados en las poblaciones de acogida; estrategias que apuntan hacia su regularización e inserción laboral, así como el acceso a la educación, la bancarización y la formación profesional.

“En un contexto de crecimiento del PIB de 0,6% para 2023 y una tasa de desempleo de 10,4% en Cali los retos son muchos, dependiendo del nivel de escolaridad y de la experiencia las oportunidades varían. El SENA y las Agencias Públicas de Empleo son aliados estratégicos que permiten a las personas fortalecer y certificar conocimientos, y conocer las vacantes que el mercado laboral demanda, respectivamente”, explicó el secretario.

Miguel Súarez, coordinador de Investigaciones y Proyectos de FIP, manifestó que el éxito de la integración socioeconómica depende del marco regulatorio y el contexto económico en las comunidades de acogida, y la percepción de confianza frente a las personas migrantes.

En primer lugar, la regularización es la piedra angular para el acceso a derechos. Por esta razón, Suárez hace un llamado al Gobierno Nacional para dar continuidad al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), puesto hace dos años 7% de los empresarios tenían conocimiento del Permiso por Protección Temporal (PPT), como documento válido de las personas procedentes de Venezuela para trabajar formalmente en el territorio colombianol. Hoy lo conocen el 35% de los empresarios en el país.

“Debemos poner atención a la posibilidad de acreditar experiencia. Para los venezolanos resulta difícil realizar este trámite puesto que en ocasiones cuesta mucho traer una certificación desde Venezuela o porque algunas empresas en las que trabajaron ya no existen”, indicó.

La encuesta implementada durante 2023 por la FIP y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) sobre 1.200 empresas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira precisó que el 88% de los empresarios en estas ciudades volvería a contratar a estas personas; lo que se traduce en un capital humano que puede hacer crecer cualquier negocio.

Maldonado y Suárez coinciden en la promoción de un ambiente de inclusión y respeto hacia las personas migrantes, reconociendo y valorando sus aportes al desarrollo económico de la ciudad. Esto implica garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos, la protección de sus derechos laborales y la prevención de cualquier forma de discriminación.