Un nuevo hecho de violencia contra la agroindustria de la caña fue denunciado por Asocaña y sus ingenios afiliados, luego de que, en la tarde del viernes, hombres armados ingresaran a una finca ubicada en la zona rural de Jamundí, donde intimidaron a los trabajadores y quemaron un tractor que era utilizado para realizar labores agrícolas.
De acuerdo con el gremio, este episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad que vienen afectando a los colaboradores del sector en el suroccidente colombiano y que, en lo corrido de 2026, dejan un balance de un trabajador asesinado, cinco heridos y siete secuestrados.
A estas cifras se suman 126 hechos de inseguridad registrados contra trabajadores de la agroindustria de la caña, un panorama que mantiene en alerta al sector por los riesgos que enfrentan quienes desarrollan sus labores en las zonas rurales.
A través de un pronunciamiento, Asocaña rechazó lo ocurrido y advirtió que estas acciones no solo ponen en peligro la vida de los trabajadores, sino que también generan temor entre las comunidades y amenazan la producción de alimentos.
El gremio recordó que de esta actividad económica dependen alrededor de 286.000 familias en el Suroccidente del país, por lo que insistió en la necesidad de adoptar medidas que permitan garantizar la seguridad en el campo y la continuidad de las actividades productivas.
Llamado a las autoridades
Ante este nuevo episodio, Asocaña hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales para que coordinen acciones efectivas con la Fuerza Pública, orientadas a proteger la vida de los trabajadores, garantizar la seguridad de las comunidades y defender el derecho al trabajo en la región.
Asimismo, solicitó que se adelanten las investigaciones correspondientes para lograr la pronta captura y judicialización de los responsables de estos hechos.
Pese al complejo panorama económico y de seguridad, el gremio reiteró que la agroindustria de la caña mantiene su compromiso con el desarrollo del país. Sin embargo, insistió en que es necesario contar con garantías para quienes trabajan en el campo y para las comunidades que dependen de esta actividad.