A pocas horas de desarrollarse una nueva jornada electoral, las autoridades del Valle del Cauca ultiman los detalles del dispositivo de seguridad que garantizará que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad en todo el departamento.
En diálogo con El País, el secretario de Seguridad del Departamento, Guillermo Londoño, habló sobre las amenazas que enfrenta el territorio, la presencia de grupos armados ilegales y las medidas adoptadas en municipios priorizados, como Buenaventura y Jamundí.
Además, defendió el papel de la tasa de seguridad como mecanismo para fortalecer las capacidades tecnológicas y operativas de la Fuerza Pública en la región.
¿Cómo se preparó el departamento para las elecciones?
Desde el año pasado venimos preparándonos y se han iniciado todos los comités de seguimiento electorales. Trabajamos con la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y también hay presencia del Ministerio Público y de la Fuerza Pública.
Para nosotros, las elecciones de los Consejos Municipales de Juventudes y las consultas de los partidos fueron un simulacro muy importante para establecer cuáles eran nuestras capacidades de respuesta en el Valle y saber cómo podemos garantizar la seguridad en más de 10.060 mesas de votación que tiene todo el departamento.
En el 2025 identificamos los corredores donde el departamento tiene presencia de Grupos Armados Organizados, pues en los últimos tres años y medio en el Valle han crecido 33 %. Eso quiere decir que las disidencias de las Farc han crecido, pero también sobre la zona norte de la región y en el Pacífico hay presencia del Clan del Golfo y ELN.
A pesar de esto, la Gobernadora ha sido clara en que todos los ciudadanos deben tener la garantía de que van a poder ir a una mesa a ejercer su voto.
¿Cuál es el panorama de seguridad en Cali y su zona rural?
Cali tiene todas las condiciones para poder realizar el ejercicio electoral. Nosotros hemos trabajado en equipo con la Secretaría de Seguridad de la ciudad y la semana anterior nos reunimos con el Gobernador del Cauca, en Santander de Quilichao, en un consejo donde participaron doce alcaldes y todos los comandantes de Fuerza Pública en la región, con el fin de analizar los fenómenos delictivos del norte del Cauca y la forma en que pueden estar permeando el sur del Valle.
Gracias a los recursos de la tasa de seguridad, estamos aportando a las capacidades que tiene Cali. En esta ciudad hemos sumado capacidades y este año inicia la intervención de todo el sistema de comunicaciones de la Policía, debido a una inversión de $ 49.000 millones que van a permitir que las comunidades policiales, tanto de Cali como del Valle, puedan tener las mejores comunicaciones, pues hace 28 años no se les interviene.
Yo puedo decir, con toda tranquilidad, que los equipos de comunicación son de Motorola y podremos tener las capacidades de última tecnología para poder afrontar los nuevos retos. En Cali y en el departamento había la misma tecnología con la que hace muchos años se persiguió al Cartel de Cali.
¿Por qué algunos sectores critican la tasa de seguridad si, según lo que usted cuenta, ha servido para muchas cosas?
Para mí, quien hace eso es un idiota útil del crimen porque solo al crimen le sirve que no tengamos un instrumento con qué financiar las capacidades de nuestra Fuerza Pública.
Los delincuentes tienen la capacidad financiera para tener lo último en tecnología y conseguir los mejores vehículos, las mejores motos y armas más sofisticadas, pero solamente a alguien se le puede ocurrir que nuestra Fuerza Pública, que arriesga todos los días la vida, tenga las peores armas, los peores instrumentos y no cuente con las capacidades para prestar un buen servicio y seguridad para la región.
Los recursos de la tasa de seguridad se ejecutan a través del Comité Territorial de Orden Público y eso quiere decir que la Fuerza Pública determina, a través de proyectos, en qué se invierten esos recursos.
Hemos entregado chalecos y cascos balísticos y en Bahía Málaga acabamos de entregar un sistema antiaéreo de drones a la Fuerza Naval del Pacífico, que es la que tiene la jurisdicción marítima en Buenaventura. Es decir, le estamos dando las capacidades a la Fuerza Pública para que enfrente a estos bandidos que todos los días buscan generar zozobra en nuestros ciudadanos.
Este recurso solamente lo pagan los ciudadanos de estrato 4, 5 y 6, y lo que recoge el departamento tampoco es mucho, porque son $ 40.000 millones al año aproximadamente.
Se sabe que hay dificultades en la zona rural de Jamundí. ¿Podrán estar las tropas allá?
La solicitud del Gobierno Departamental ha sido clara de no mover las mesas y lograr tener un despliegue de capacidades que permitan que, con diferentes ejercicios policiales y militares, podamos garantizar la seguridad.
En Jamundí hubo un despliegue militar de nuestras tropas y hace quince días le realizaron una asonada y fueron bajadas. Nuestra posición allí es clara y se la dijo la Gobernadora al Ministro de Defensa: la garantía constitucional de que unas elecciones sean libres y transparentes para cualquier ciudadano es que el Estado esté presente, y en estos lugares el Estado lo representa el Ejército y la Policía Nacional.
Si las tropas son maltratadas y las bajan de esos lugares, no pueden estar allí esas mesas. Si el Ejército no puede estar en esa zona rural de Jamundí por estas expresiones, esos puestos hay que bajarlos y ubicarlos en lugares donde sí haya garantías y donde se pueda votar.
Según la Misión de Observación Electoral hay riesgos de fraude y violencia en municipios como Buenaventura, El Dovio y Dagua. ¿Qué planes específicos hay para estos lugares?
La gente nos pedía que no se trasladaran puestos de votación de la zona rural de Buenaventura a la cabecera municipal porque los ciudadanos tendrían que viajar seis horas en lancha para votar. Por este motivo, la Gobernadora dijo que hay que hacer ese esfuerzo para que la gente pueda ir a votar libremente cerca de sus viviendas.
En Dagua hemos tenido varios incidentes porque allí hace presencia la Jaime Martínez y hace 20 días nos afectaron la subestación El Queremal, que fue atacada con dos artefactos explosivos lanzados desde drones.
Por eso hemos dispuesto de diferentes capacidades para desarrollar un plan de seguridad que cubra la ruta 40, es decir, ese tramo de 40 kilómetros de vía al mar que pasa por Dagua.
Entonces, ¿por ahora no hay traslado de mesas en el Valle?
En estos momentos aún no tenemos traslado de mesas y los puntos críticos los hemos atendido y el que le pedimos al Ministro de Defensa es el caso de Jamundí, donde creemos que la garantía del ejercicio democrático es que la Fuerza Pública pueda estar y, si esto no se logra por acciones que afecten la integridad de nuestros hombres, simplemente hay que bajar al casco urbano esos puestos de votación.