La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, alertó sobre los efectos que tendrá para el departamento la expedición del decreto de emergencia económica por parte del Gobierno nacional, que pondría en riesgo los recursos del departamento.
“Hay unos impuestos que son fundamentales y que impactarían negativamente a los departamentos, como son los impuestos al licor y al cigarrillo. Es decir, a nosotros nos gustaría que le subieran el impuesto al cigarrillo, pero que los recursos de estos impuestos fueran a las regiones. Es una renta delegada a los departamentos, pero así como está presentando la medida, los recursos irían al gobierno nacional”, explicó la mandataria de los vallecaucanos.
Según dijo, la medida “nos daría como resultado que se aumentaría el contrabando y se disminuirían las ventas en las regiones, ya lo estamos viendo con el cigarrillo, con contrabandos altísimos y eso nos va a dar como resultado disminución en las rentas”.
Toro señaló que la disminución de estas rentas debido a la emergencia económica, sería negativo para la inversión social en el Valle del Cauca.
“Disminuir las rentas quiere decir disminuir los recursos para la salud, para la educación y el deporte. Entonces, ese es un impuesto que realmente perjudica muchísimo a nuestros departamentos, además de la centralización de los recursos”, anotó.
Finalmente, la Gobernadora comentó que “lo que estamos buscando ahora es una descentralización real de los recursos con competencias, para que así las regiones, que somos las que generamos desarrollo, tengamos recursos necesarios para poder invertirlos en beneficio de la gente”.
El Gobierno espera recaudar $16 billones con la emergencia, justificándola en la necesidad de cumplir con la sentencia de la misma Corte Constitucional que le ordenó ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el sistema de salud le debe reconocer a las EPS para atender a cada afiliados.
Por ello, la Administración aseguró en el decreto 1390 de 2025, que adopta la emergencia económica, requieren $3,3 billones para 2026 y cumplir con el ajuste de la UPC.
Además, justificó el decreto en razón a la situación de seguridad del país y la urgente necesidad de contar con recursos económicos suficientes para garantizar la seguridad a regiones y sectores puntuales de la sociedad.
También esbozó como argumento la desaprobación de las reformas económicas negadas por el Congreso, necesarias para equilibrar las finanzas del Estado.