La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se sumó a las voces de rechazo por el asesinato del gobernador del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, Julián Gutiérrez, ocurrido en el municipio de Florida, y aseguró que el crimen pudo evitarse, señalando que existían denuncias previas sobre las amenazas en su contra y que la protección solicitada nunca llegó.
La mandataria departamental también expresó su solidaridad con la comunidad Nasa, con la familia del líder indígena y con los allegados de las otras dos personas que perdieron la vida en el mismo hecho violento.
“Quiero condenar este lamentable hecho y expresar también mi solidaridad con la comunidad Nasa y la familia del gobernador del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, Julián Gutiérrez, que además también está amenazada, así como algunos integrantes de esta comunidad”, afirmó Toro.
En esa línea, añadió que “es muy lamentable que esto esté pasando, al parecer, por grupos armados ilegales. Esto es una crónica de una muerte anunciada, porque el 20 de mayo pasado, en un consejo de seguridad que se dio en Florida, él denunció que lo estaban amenazando y a su familia”.
Durante su pronunciamiento, la Gobernadora recordó que, tras esa denuncia realizada en el consejo de seguridad celebrado el 20 de mayo, desde la Administración departamental se activaron las acciones correspondientes para solicitar medidas de protección a favor del líder indígena.
“Se activó la ruta de derechos humanos por parte de la Gobernación y el Ministerio Público, pero el Ministerio del Interior no estuvo presente. Se le dio la indicación a la UNP de que se generara una protección individual urgentísima, porque el gobernador del resguardo indígena estaba muy preocupado porque era una amenaza muy seria”, aseguró Toro.
No obstante, la mandataria indicó que la UNP no respondió urgentemente como se le solicitó y “el indígena se quedó esperando que la UNP le diera la protección y, desafortunadamente y, con mucho dolor para nosotros, murió”.
La mandataria departamental insistió en la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de casos, especialmente cuando existen alertas sobre riesgos para líderes sociales y representantes de comunidades.
“El nuevo Gobierno Nacional tendrá que mejorar este tipo de reacciones”, manifestó la Gobernadora del Valle.
Por otra parte, la Gobernación del Valle reiteró su acompañamiento a las familias de las otras dos víctimas del ataque y confirmó que continúa vigente la recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables.