La Gobernación del Valle del Cauca analiza la posibilidad de declarar una emergencia humanitaria en el departamento debido al crítico deterioro de la red sanitaria. La medida responde al cierre de aproximadamente 2.000 servicios de salud en el último año y a una cartera morosa que ya se aproxima a los $7 billones, afectando tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas.
María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, confirmó que se están realizando las evaluaciones técnicas para sustentar esta declaratoria. Según la funcionaria, la situación se ha agudizado por la falta de recursos financieros y la pérdida de talento humano, lo que genera barreras de acceso críticas para los pacientes en toda la región.
Cierre de servicios y déficit de especialistas
La principal preocupación de las autoridades regionales radica en la disminución de la oferta instalada. De acuerdo con la Secretaría de Salud departamental, la clausura de servicios especializados no siempre obedece a decisiones administrativas, sino a la imposibilidad de sostener el recurso humano necesario para cubrir especialidades precisas en los centros asistenciales.
Esta reducción de servicios especializados impacta directamente en la atención de alta complejidad. La administración departamental señaló que el déficit de profesionales y el desmonte de unidades de atención han incrementado las dificultades para que los usuarios reciban tratamientos oportunos, profundizando la crisis humanitaria que se vive en los centros médicos del Valle.
Desajuste financiero y deudas por $7 billones
El panorama económico del sector salud en el departamento muestra una tendencia negativa con un incremento de deudas cercano al 30% mensual. Lesmes explicó que existe una discrepancia creciente entre las cifras de las EPS y las IPS, debido a que muchas facturas entregadas por los prestadores son devueltas o glosadas, desapareciendo del registro contable de las entidades promotoras.
En el último mes, los pagos realizados no superaron el 34% de la cartera total, lo que asfixia la operación de las instituciones de salud. Ante este escenario, la Gobernación inició acercamientos con la Procuraduría General de la Nación para fiscalizar la contratación de las EPS y verificar que se cumplan las rutas de atención obligatorias para los ciudadanos.
Para mitigar el impacto, el Gobierno departamental mantiene el acompañamiento a través de la Defensoría del Paciente y jornadas de desconcentración de servicios. Estas brigadas han permitido que más de 17 mil personas en distintos municipios accedan a consultas con médicos especialistas, mientras se define el futuro de la red hospitalaria bajo la eventual figura de emergencia.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.