La Contraloría Departamental del Valle del Cauca reportó $768.803 millones en beneficios del control fiscal y la identificación de más de $2.439 millones en presunto detrimento patrimonial, como resultado de las auditorías y la atención de denuncias ciudadanas durante lo corrido de 2026, con corte a septiembre.
Según el balance de la entidad, durante este periodo concluyeron dos ciclos de auditoría que comprendieron 14 entidades vigiladas. Además, se emitieron respuestas de fondo a 18 denuncias ciudadanas, actuaciones que permitieron identificar 19 hallazgos fiscales, principalmente en los municipios de Florida y Cartago.
Los hallazgos fueron trasladados a la dependencia de Investigaciones Fiscales de la Contraloría para el trámite correspondiente. La información reportada no detalla el valor individual de cada hallazgo ni las entidades involucradas en todos los casos.
En cuanto a los beneficios del control fiscal, la Gobernación del Valle del Cauca concentró aproximadamente $712.000 millones. Por su parte, el municipio de Candelaria registró $24.402 millones y Cartago, $17.097 millones.
De acuerdo con el informe, más del 95 % de estos beneficios se relacionó con procesos de depuración y saneamiento contable en asuntos como pasivos pensionales, luminarias, bienes de uso público, litigios, cartera predial e inventarios. También se contabilizaron resultados asociados con acciones que permitieron recaudar cartera, impuestos y contribuciones que no se habían cobrado.
La contralora departamental del Valle del Cauca, Lina Marcela Vásquez Vargas, señaló que los beneficios del control fiscal pueden materializarse a partir de medidas correctivas adoptadas por las entidades para atender situaciones identificadas durante las auditorías. También sostuvo que el organismo continuará con las labores de vigilancia sobre los recursos públicos.
Más de $3.266 millones retornaron a las entidades públicas
En materia de recuperación de recursos, la Contraloría informó que obtuvo $1.462.444.187 mediante procesos de responsabilidad fiscal, correspondientes a recursos afectados en vigencias anteriores y recuperados en favor de entidades sujetas a su vigilancia.
A esta cifra se suman $1.804 millones recuperados mediante cobro coactivo, procedimiento a través del cual se dio término a 58 casos, según el balance presentado.
En conjunto, las dos modalidades representan una recuperación de $3.266.843.075, recursos que retornan a las entidades públicas y contribuyen a sus finanzas.
En el componente de control social, la Contraloría reportó la conformación de comités en las zonas norte, centro y sur del departamento. También informó sobre la capacitación de 340 personas pertenecientes a juntas de acción comunal, consejos municipales de juventud y veedurías ciudadanas, en asuntos relacionados con contratación pública, urgencia manifiesta y conformación de veedurías.