De los ocho mandatarios elegidos en los últimos años en Buenaventura, al menos la mitad terminó con líos. Han estado envueltos en procesos judiciales, asesinatos y el exilio.

Con excepción de Bernardino Abad Quiñones y Edinson Delgado, actual senador liberal, la historia de los otros seis alcaldes populares de Buenaventura ha estado rodeada por procesos judiciales, asesinatos y el exilio.Esta historia comienza con el primer alcalde por elección popular en junio de 1988 cuando es escogido con más de 40 mil votos, el médico anestesiólogo liberal Édgar Roberto Carabalí Mallarino, oriundo de Guapi, Cauca.A pesar del inmenso respaldo popular y los primeras muestras de bienestar para el Puerto, especialmente para los empleados municipales, a quienes les mejoraron las condiciones salariales y prestacionales, su gobierno se vio envuelto en un escándalo por la supuesta malversación de dineros provenientes del pago de impuestos de la entonces empresa Colpuertos.Carabalí estuvo retenido algunas semanas en la cárcel local, siendo absuelto.Del liberal Bernardino Quiñones, quien fue elegido en 1990, ni del liberal Edison Delgado, que ganaría en 1992 se conocen actos dolosos. Pero los escándalos regresarían. En 1995 asume el liberal José Félix Ocoró Minotta como cuarto alcalde por elección popular, viéndose envuelto el 26 de junio de 1997 en investigaciones por supuestos actos irregulares, entre ellos peculado por apropiación, falsedad en documento público, y un supuesto pago de nómina paralela, siendo detenido por cuatro meses en un centro carcelario de Cali. Luego fue dejado en libertad al no encontrase méritos para que siguiera privado de la libertad.El abogado liberal Freddy Salas Guaitotó, en 1998, asume como alcalde en medio de una de las más graves crisis económicas del Municipio, donde los abogados tenían al fisco contra la pared con demandas y embargos. A Salas nunca se le comprobó ninguna irregularidad, pero se convirtió en el primer ex alcalde popular de Buenaventura en asesinado en las calles de Cali, sin que se estableciera con claridad los móviles de su muerte.Otro médico liberal Jaime Mosquera Borja lo reemplaza en 2001, también con una abultada votación - más 40 mil--. Una de sus premisas fue que “no quería terminar preso, ni muerto, ni en el exilio”, sin embargo a esta última figura tuvo que acogerse saliendo del país rumbo a los Estados Unidos con toda su familia, debido a amenazas de muerte, tras terminar su mandato. Pese que tuvo una investigación por un contrato, la misma no prosperó.El séptimo alcalde fue el médico internista Saulo Quiñones, liberal, cuya gestión se vio seriamente afectada por una de las épocas más violentas con 2.000 muertos y más de 300 desaparecidos.Quiñones, quien se encuentra detenido en Cali desde hace tres semanas, está sindicado de los presuntos delitos de contratación indebida y prevaricato en hechos relacionados con construcciones escolares que no se llevaron a cabo especialmente en la zona rural. Igualmente enfrenta una investigación por hechos dolosos en la contratación de la educación subsidiada o la llamada cobertura educativa.Ahora el protagonista es el actual alcalde José Félix Ocoró, quien fue capturado y tras formularle cargos lo cobijaron anoche con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por la supuesta comisión de cuatro delitos contra la Administración pública.Ocoro, quien fue elegido por el desaparecido Partido Convergencia Ciudadana, ahora milita en el PIN, es cercano al ex senador Juan Carlos Martínez, La Contraloría Municipal también lo responsabiliza de un presunto detrimento patrimonial por más de mil millones de pesos. José Félix Ocoró, durante su posesión como octavo alcalde por elección popular de Buenaventura, fue enfático en afirmar que “la historia de su reclusión no se volvería a repetir”, tras asegurar que él sería el primero en denunciar a los funcionarios incursos en actos dolosos. “Al perro no lo capan dos veces”, dijo el 1 de enero del 2008.