En la mañana de este martes, la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Valle llevó a cabo una rueda de prensa en la que hablaron sobre el panorama que atraviesa la vivienda de interés social (VIS), especialmente en el Valle del Cauca, una de las regiones donde más se comercializa este tipo de proyectos en el país.
Alexandra Cañas, gerente regional de Camacol Valle, afirmó en diálogo con El País que el proyecto de decreto plantea fijar el precio de la vivienda en pesos y no en salarios mínimos.
La dirigente gremial explicó que no es lo mismo comprar un producto que se entrega de inmediato que uno cuya entrega se dará en cuatro o cinco años, advirtiendo que los costos futuros podrían superar los topes de 135 salarios mínimos.
Según explicó la funcionaria, la compra de vivienda VIS no es una transacción inmediata. En la mayoría de los casos, los compradores cuentan con un plazo de dos a tres años para completar la cuota inicial, mientras que la construcción del proyecto solo inicia cuando se alcanza un punto de equilibrio cercano al 70 u 80 % de las ventas.
Después de estos pagos, la obra puede tardar otros dos años o más, lo que implica que una vivienda separada hoy podría entregarse cuatro o cinco años después.
En ese contexto, fijar desde ahora un precio en pesos para una vivienda que se entregará varios años más adelante genera una alta incertidumbre.
A su vez, traería consecuencias directas para los compradores, quienes podrían perder beneficios clave, como tasas de interés preferenciales, y para los desarrolladores, que dejarían de acceder a incentivos tributarios propios de la vivienda de interés social.
Cañas recordó que la indexación al salario mínimo, contemplada en la Ley 388 de 1997 y respaldada por jurisprudencia y lineamientos de la Superintendencia, ha sido una herramienta fundamental para dar transparencia al proceso y proteger tanto a hogares como a constructores frente a las variaciones económicas.
“Si el proyecto en precios fijos no tiene la capacidad de absorber lo que se vendrá en 4 o 5 años, pues seguramente lo que va a ocurrir es que ese proyecto le devuelva a usted la platica y prefiera no hacerlo porque puede perder en este proceso recursos y dinero importante, entonces por eso era que esa metodología desde la ley 388-97, el plan nacional de desarrollo, se reconocía que la vivienda de interés social debía estar indexada a los salarios mínimos”, señaló Cañas.
Finalmente, la gerente expuso un preocupante análisis a nivel del Valle del Cauca, donde el proyecto podría afectar a cerca de 5.500 unidades de vivienda, entre proyectos en preventa y en construcción, representando una inversión comprometida de 1.2 billones de pesos, incluyendo iniciativas de renovación urbana que hoy cuentan con topes superiores, como las de 150 salarios mínimos, establecidos en el actual Plan Nacional de Desarrollo.