El viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón, aseguró que percibe “temor” por parte de la administración del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a que se realice una verificación de lo ocurrido, tras las protestas propalestinas en esa ciudad que derivaron en actos violentos, donde estarían involucrados gestores locales.

“Veo temor por un equipo de verificación de los hechos, integrado por @DefensoriaCol, @PGN_COL, @FiscaliaCol, @MAPPOEA y @MinInterior para hablar con las víctimas de abusos. ¿Por qué teme que las personas sean escuchadas?”, cuestionó Rondón, desde su cuenta de X.

El viceministro sostuvo además que el presidente Gustavo Petro, “no odia a la población de Medellín”, al tiempo que aseguró que el Gobierno no “envía funcionarios a golpear a su población, por el contrario, la vamos a proteger”.

Según lo dio a conocer Colprensa, las expresiones del Viceministro Rondón le salieron al corte a las declaraciones hechas horas antes por el alcalde Federico Gutiérrez en las que advirtió que el “gobierno Petro se prepara para intervenir en las decisiones de Medellín”, usando como excusa lo sucedido en la víspera.

“Crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismo mandan”, afirmó el mandatario, en un mensaje en X.

Reiteró que lo ocurrido la noche del martes fue una respuesta para poner a salvo a “niños y familias completas que estaban en McDonald ‘s siendo intimidados por los amigos de Petro”, de quien dijo “su odio por Antioquía, Medellín y nuestra gente no tiene límites. Resistiremos y Colombia y Medellín saldrán adelante”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo también este 8 de octubre, que los hechos que se registraron la noche anterior en la ciudad de Medellín “podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de los equipos de gestores de seguridad y convivencia” y sostuvo que dos personas resultaron heridas.

Marín precisó que funcionarios de su oficina estuvieron en el Puesto de Mando Unificado que se instaló para atender las protestas.

Además, pese a que se recomendó a la Alcaldía que los gestores actuaran “conforme los mandatos constitucionales y principios de derechos humanos”, se impartieron “directrices de disolución de la protesta que de no ser cumplidas podrían tener consecuencias en la continuidad de los contratos de los gestores”, afirmó.