En las últimas horas se confirmó un nuevo revés para el Gobierno Petro. En esta ocasión se trata de un fallo contrario sobre las concurridas y extensas alocuciones presidenciales.
Siendo así, el Consejo de Estado, a través de su Sección Tercera, emitió un fallo contundente que ratifica las restricciones al uso de las alocuciones.
Esto luego de que el tribunal rechazara las impugnaciones realizadas por la Presidencia, RTVC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), confirmando que el mandatario ha incurrido en un uso inadecuado de estos espacios.
Según se expone, las intervenciones carecen de justificación técnica en cuanto a su frecuencia, duración y los temas tratados.
En un principio, Petro sostuvo que el fallo presentaba fallas de motivación, sin embargo, los magistrados desestimaron estos puntos al considerar que, por encima de la autonomía administrativa, prevalece el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información clara y pluralista.
Cabe recordar que la acción judicial fue impulsada por el estudiante de derecho Samuel Ortiz y el exsenador Miguel Uribe Turbay, que denunciaron el uso desproporcionado del horario prime de la televisión nacional.
Esta situación se suma al fallo del Alto Tribunal de Cundinamarca, que multó a Petro por 15 salarios mínimos por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba retractarse de sus afirmaciones contra el dueño y exgerente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González Montaño.
Esto luego de que el mandatario publicara un mensaje en el que aseguraba que el directivo había incurrido en actos de corrupción y exigiendo que la Fiscalía procese a los miembros de la junta directiva por su participación en el presunto desvío de recursos públicos.
Tras la difusión de la multa, Petro publicó un texto reiterando sus posturas iniciales y manifestando que “el señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto”. El mandatario agregó que los integrantes de la junta directiva de la entidad deben ser procesados por el ente acusador, “así sean familiares de expresidentes”.
El jefe de Estado justificó su posición argumentando que una auditoría forense demostró que “fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos”.
En su pronunciamiento, Petro indicó que los “corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones”, y retó las consecuencias legales de sus afirmaciones al declarar que pueden arruinarlo con multas y cárcel si quieren, recordando su paso por la Alcaldía, pero enfatizó que no se callará ante “el robo de la salud”.
*Con información de Colprensa.