El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de su Sala Penal, resolvió este 19 de agosto la primera acción de tutela relacionada con el proceso penal que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El alto tribunal decidió amparar sus derechos fundamentales y suspender la orden de detención inmediata que había sido emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de la capital.
En el fallo, con ponencia del magistrado Leonel Rogeles Moreno, se señala que la decisión de primera instancia vulneró garantías esenciales como la libertad personal, la presunción de inocencia, la dignidad humana y el debido proceso. Por ello, el despacho resolvió “dejar sin efectos la orden de detención inmediata” dictada en la sentencia del pasado 1 de agosto.
El Tribunal precisó que no era procedente ejecutar la medida de aseguramiento mientras no exista un pronunciamiento definitivo en segunda instancia. En el documento se advierte que “la privación de la libertad solo podrá ejecutarse cuando se cuente con una decisión en firme”, lo que implica esperar los recursos que actualmente se encuentran en trámite.
La sentencia también dispone que el Juzgado 44 Penal expida de manera inmediata la boleta de libertad a favor del expresidente. De igual forma, se ordena notificar la decisión conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y, en caso de no ser impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
El caso se remonta a la condena impuesta el pasado 1 de agosto, cuando el Juzgado 44 halló responsable a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, fijando una pena de 144 meses de prisión domiciliaria.
Esa decisión incluyó en su parte resolutiva la orden de detención inmediata, lo que generó que la defensa del exmandatario acudiera a la acción de tutela para proteger sus derechos.
La Sala Penal recordó que la figura de la tutela contra providencias judiciales es excepcional, pero procede en casos en los que se acrediten violaciones graves a derechos fundamentales. En este escenario, la corporación consideró que la medida de detención “resultaba desproporcionada e innecesaria al no existir sentencia ejecutoriada”.
El proceso contra Uribe continúa abierto en instancias superiores. La apelación de la condena deberá resolverse en segunda instancia, y posteriormente podría acudir a casación ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el expresidente permanecerá en libertad bajo el amparo otorgado por el Tribunal Superior de Bogotá.