Este próximo domingo, 9 de noviembre de 2025, el Gobierno Nacional reconocerá su responsabilidad por los crímenes que se cometieron contra la Unión Patriótica (UP). Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra integrantes de este movimiento político.
El acto público, de acuerdo con la Agencia Jurídica del Estado, se llevará a cabo en la ciudad de Santa Marta como una medida de carácter simbólico y reparador que busca el reconocimiento de la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas.
Además, hace parte de las 19 medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de reparación, restitución, rehabilitación y satisfacción en la sentencia con respecto a los del movimiento político.
Será presidido por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien a nombre del Estado ofrecerá disculpas públicas frente a la estigmatización, el dolor y la persecución sufrida por los miembros, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica.
“Este acto reafirma el compromiso institucional con la verdad, la reparación integral de las víctimas y la consolidación de las garantías de no repetición, pilares esenciales de un Estado que asume con responsabilidad sus deberes en materia de derechos humanos”, afirmó el director general de la entidad, César Palomino Cortés.
Las disposiciones de la Corte IDH se agruparon en medidas de difusión y sensibilización sobre la sentencia; medidas de memoria y dignificación de las víctimas; medidas de justicia; medida de salud; medida de protección y medidas de indemnización a las víctimas. Algunas de ellas ya fueron cumplidas por Colombia y otras están en proceso de concertación para su implementación.
Es de recordar que hace un año, el 11 de octubre del 2024, se había convocado a un evento para los mismos fines en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en donde estuvieron presentes más de 2.000 familiares de los militantes de la UP. Sin embargo, en aquella ocasión el presidente Petro canceló su asistencia a última hora por quebrantos de salud.
Además de la ausencia del jefe de Estado que fue la razón por la que se tuvo que hacer nuevamente este evento, la otra polémica se relacionó con el gasto generado en el evento de Bogotá que de acuerdo con el contrato de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tuvo un costo de más de $3.700 millones para solamente aquel día sin contar el que se realizará este domingo.
*Con información de Colprensa y redacción de El País