Por Germán González, analista político y consultor en asuntos públicos
Esta semana el Congreso elegirá a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). La votación definirá algo más que la composición del tribunal, también pondrá a prueba las relaciones que el nuevo Gobierno está construyendo con los partidos.
Los magistrados se distribuyen de acuerdo con la representación de las bancadas en el Congreso. Por eso, el Partido Liberal, el Partido Conservador, La U y Cambio Radical podrían tener cuatro de los nueve magistrados, mientras la quinta silla que podría completar una mayoría con el Gobierno está todavía en disputa entre Salvación Nacional, la Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo.
El CNE, además, importa. Es el tribunal que tendrá que tramitar administrativamente las denuncias que aparezcan sobre financiación, topes y otras posibles irregularidades de las campañas, incluida la del propio Presidente. No se trata de investigaciones penales, sino del control administrativo que corresponde al tribunal electoral. Y en poco más de un año tendrá otra responsabilidad: vigilar las elecciones territoriales de 2027.
El caso Petro dejó una referencia útil. Su Gobierno arrancó con una coalición amplia, pero con el tiempo esa relación se rompió y la negociación con el Congreso se volvió mucho más fragmentada. Fue en ese nuevo escenario político cuando el CNE terminó adelantando la investigación administrativa sobre la financiación de su campaña de 2022.
Formalmente, los magistrados son independientes de las bancadas que los presentan. Pero sería ingenuo pensar que su origen político no importa. Son esas mismas fuerzas las que los llevan al tribunal y participan en su elección. Por eso, cuando la relación entre un Gobierno y el Congreso se deteriora, el CNE puede convertirse en un escenario más de ese pulso político.
Ahora el CNE vuelve a estar frente a decisiones importantes. En agosto reconoció la personería jurídica de Defensores de la Patria, el movimiento con el que De la Espriella busca consolidar una nueva fuerza de derecha y disputar ese espacio al Centro Democrático.
También está la ley de encuestas. El CNE prepara un proyecto para corregir la norma aprobada en 2025, después de las controversias que ha generado su aplicación. La discusión probablemente tendrá más impacto en el próximo ciclo presidencial que en las elecciones territoriales de 2027.
El Gobierno tendrá que hablar con esos mismos partidos en dos escenarios distintos. En el Congreso, para aprobar su agenda. En el CNE, para convivir con un tribunal cuya composición nace precisamente de esas bancadas. No es la misma negociación, pero sería difícil pensar que una relación fluida en un escenario no tenga ninguna influencia en el otro.
Esto también ayuda a entender la tensión con el Centro Democrático. Si la quinta silla queda en manos de Salvación Nacional, el Gobierno podría tener una mayoría en el CNE sin necesitar al uribismo. Pero sería apresurado trasladar esa misma lógica al Congreso. La elección de la Presidencia del Senado ya mostró que una coincidencia coyuntural entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico puede alterar los planes del Gobierno.
Ahí está el incentivo para el Gobierno. No se trata de controlar el CNE ni de asumir que sus magistrados responderán a una bancada. Se trata de entender que una buena relación con esos partidos puede ser útil en más de un escenario.
La elección del CNE deja entonces una señal política: hay partidos cuya interlocución va a importar más allá de una votación concreta en el Congreso. Y eso puede darle al Gobierno una razón adicional para cuidar esas relaciones con los congresistas.
Al final, la composición del CNE depende del Congreso, pero el tribunal se convierte en otro espacio en el que el Gobierno tendrá que relacionarse con buena parte de las mismas fuerzas que necesita para gobernar.
Por eso, lo que ocurra está semana dirá algo más que quién ocupará nueve sillas. También mostrará qué partidos o facciones de esos partidos tienen capacidad para construir una mayoría alrededor del nuevo Gobierno en un escenario que, aunque distinto al Congreso, estará estrechamente conectado con él.