La campaña presidencial del candidato Iván Cepeda estaba en el ojo del huracán luego de que se conociera una denuncia dirigida a la Fiscalía General de la Nación y a la DIAN en la que se informaba de supuestos aportes económicos de Javier Antonio Pérez Páez, un empresario barranquillero, los cuales habrían superado los $700 millones.
Un documento revelado por SEMANA reveló la lista de contribuciones de la empresaria a la campaña del Pacto Histórico que terminó el pasado 26 de octubre de 2025, cuando se seleccionó a Cepeda como candidato de la izquierda.
En los documentos figura una empresa cuyo representante legal es Pérez Páez, Samat Publicidad S.A.S., quien habría hecho una supuesta donación de $609.399.000, así como un presunto aporte de $116.151.000 a nombre propio, por lo que se superarían los $725 millones para esta campaña.
De la misma manera, el Consejo Nacional Electoral detalla, según SEMANA, que estos aportes fueron utilizados en la elaboración de material publicitario como volantes, pendones, 300.000 periódicos, entre otros impresos en full color.
De acuerdo con los certificados de la Cámara de Comercio, Samata Publicidad S.A.S. tiene un capital de $20 millones, lo que generó preguntas acerca de la capacidad para financiar aportes de grandes magnitudes.
La denuncia
Juan Martín Bravo, exconcejal de Cali, fue quien radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la DIAN, dando alerta acerca de posibles irregularidades en la financiación de la campaña de Iván Cepeda y una posible violación de los topes electorales.
Por otra parte, según SEMANA, Javier Antonio Pérez Páez, el empresario en cuestión, afirmó que no ha donado ni aportado a la campaña presidencial, explicando que, aunque su cédula es la que aparece en los certificados, lo que hizo fue vender y realizar créditos y el dinero sería entregado a él cuando se entregara la reposición de votos.
De la misma manera, indicó que tiene todas sus facturas y también entregó a la campaña los soportes, pues aunque ha trabajado por más de una década con el partido Polo Democrático, no participa en política.
Tras la denuncia del exconcejal, la DIAN y la Fiscalía General de la Nación deberán verificar si la empresa de Pérez Páez tiene la capacidad económica para darle un crédito por $725 millones a la campaña y aclarar cómo se financian los pagos correspondientes a proveedores y empleados, así como determinar si hubo errores en el reporte de gastos de las autoridades electorales.